El Congreso de Perú aprobó con 77 votos a favor, la moción que declara al Tren de Aragua como organización terrorista, a pesar de las afirmaciones de la presidenta Dina Boluarte, quien había asegurado en enero que la banda estaba prácticamente desarticulada.
La declaración refleja la preocupación por la creciente presencia de esta organización criminal transnacional en el país, que ha generado gran alarma entre autoridades y ciudadanos.
El Tren de Aragua es responsable de una serie de delitos graves en Perú, destacándose la trata de personas y explotación sexual. La banda ha establecido redes de prostitución forzada, captando principalmente a mujeres y menores de edad, a quienes engañan con promesas de trabajo.
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Estas víctimas son retenidas en condiciones deplorables y amenazadas con violencia en caso de resistencia. En una reciente intervención, se logró el rescate de 80 víctimas, incluidas menores, gracias a una colaboración entre la Policía Nacional del Perú y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de EEUU.
Además de la trata de personas, el Tren de Aragua está involucrado en extorsión y sicariato, exigiendo pagos a comerciantes y empresarios bajo amenazas de muerte.
La banda también ha perpetrado varios asesinatos, incluso a miembros de las fuerzas del orden, y ha mostrado su capacidad para llevar a cabo atentados a sangre fría.
El caso de Renzo Mendiguetti, un empresario atacado a balazos por negarse a pagar la extorsión, es uno de los ejemplos más recientes de esta modalidad delictiva.
El Tren de Aragua también ha sido vinculado con otros delitos como secuestros, tráfico de drogas y robos a mano armada.
La banda se involucra en la distribución de sustancias ilegales como el “tusi” y en la explotación de migrantes, facilitando su tránsito ilegal hacia otros países a cambio de grandes sumas de dinero.
Con información del Diario Perú21
