El pasado 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, clasificó como organizaciones terroristas a carteles mexicanos y a grupos criminales como el Tren de Aragua o a la pandilla salvadoreña MS-13.
La organización conocida como el Tren de Aragua (TdA) nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido en los últimos años por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Bolivia o Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, desde narcotráfico a extorsión, secuestros y homicidios.
Inicios
El Tren de Aragua fue originalmente una pandilla carcelaria liderada por el venezolano Héctor «Niño» Guerrero, que la convirtió en «organización criminal transnacional», según el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ofrece una alta recompensa por información que pueda conducir a su arresto.
Algunos medios señalan que el nombre puede deberse al de un sindicato de trabajadores del ferrocarril, que controlaba un tramo de la vía férrea que cruzaba Aragua y que extorsionaba a los contratistas.
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La organización tiene sus inicios en la prisión venezolana de Tocorón, en Aragua, donde se extendió bajo el chantaje a internos como principal sistema de negocio, y ha incrementado sus redes en el extranjero desde el año 2020.
Cuenta con una estructura jerárquica alrededor de los líderes en el centro penitenciario, que se ha replicado en los otros países.
Muchos de sus integrantes son víctimas de la misma organización, personas incorporadas tras ser obligadas a pagar una cuota periódica para mantener su negocio o su integridad física. Las personas migrantes son uno de los objetivos principales.
El presidente Trump ha apuntado al Tren de Aragua al considerar que se han «infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y realizando acciones hostiles contra el país».
En 2023, las autoridades venezolanas anunciaron el desmantelamiento de ocho «mafias carcelarias» en varios operativos desplegados en centros penitenciarios, entre ellas el Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las siete cárceles intervenidas.
Así, el cartel aprovechó el flujo de millones de migrantes de Venezuela a otras naciones latinoamericanas con el objetivo de expandir su presencia, extorsionando a migrantes, empleando métodos de secuestros y llevando a cabo asesinatos por encargo.
El Tren de Aragua tiene en la extorsión su fuente de ingresos más importante. Un informe del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. identificó a presuntos miembros del TdA en 16 estados, hay abiertas unas 100 investigaciones federales relacionadas con el grupo y unas 50 detenciones. El gobierno de Joe Biden (2021-2025) también la declaró «organización criminal transnacional».
El presidente Trump ha invocado también estos días la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones masivas de los integrantes de esta banda. Ha manifestado que el Tren de Aragua realizaba «acciones hostiles y una guerra contra el territorio de Estados Unidos tanto directamente como bajo la dirección clandestina o de otro tipo del régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela».
Expansión
La crisis migratoria venezolana fue la vía por la que el Tren de Aragua entró en países como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, estableciendo así sus propias redes.
Un ejemplo es la frontera entre Bolivia y Chile, donde tienen una fuerte presencia y donde miembros del Tren de Aragua operan controlando los pasos fronterizos, el tráfico de personas y el tráfico de drogas.
La diversidad de nacionalidades de sus miembros es una de las principales características de la organización.
Mujeres, niños y adolescentes son las principales víctimas de entramados como el Tren de Aragua, que ofrecen «paquetes» para migrar, según explicó a EFE la presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, Patricia Rojas, en 2023.
Su estructura se divide en tres niveles: un lugarteniente en contacto directo con los líderes, un grupo de responsables de empresas pantalla encargados de las finanzas y, por último, los soldados ejecutores de delitos.
Héctor Guerrero (Maracay, 1983) se encuentra en paradero desconocido tras huir en septiembre de 2023 de la cárcel de Tocorón, desde donde había liderado las operaciones del Tren de Aragua.
En febrero de 2018 fue condenado a 17 años de cárcel, entre otros delitos por homicidio, tráfico de drogas, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra.
Ingresó en prisión en 2018, pero tras una operación policial, en septiembre de 2023, el gobierno de Venezuela confirmó su fuga después de tres días del operativo en la cárcel de Tocorón.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha insistido, a propósito de las deportaciones de venezolanos migrantes desde EE.UU., que el Tren de Aragua fue desmantelado.
Maduro ha vinculado al Tren de Aragua con las protestas opositoras y el chavismo dice que los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque protegen al «Niño Guerrero». La oposición acusa al chavismo de tener nexos con esa organización.
En la operación participaron unos 11.000 policías y militares que entraron a la prisión de Tocorón, en el estado norteño de Aragua, pero no encontraron a Guerrero ni a los líderes del grupo.
Las fuerzas policiales buscaban recuperar el control de la cárcel que estaba en manos de la poderosa organización y la habían convertido en una especie de centro turístico, con restaurantes, discoteca, casa de apuestas y piscina.
Bajo el liderazgo de Guerrero, el Tren de Aragua se ha expandido por otros países. Recientemente, en diciembre de 2024, la policía colombiana capturó a Carlos Gómez, alias «Bobby», señalado como el jefe de esa banda criminal en Chile.
Previamente, en marzo de 2024, un hermano de Guerrero, Guerso Isaac Guerrero Flores, fue detenido en Barcelona, España, y en julio de ese año fue extraditado por las autoridades venezolanas por su papel dentro del Tren de Aragua.
Pese a que Guerrero perdió el centro de operaciones tras la intervención policial de Tocorón, las operaciones del Tren de Aragua parecen mantenerse intactas, dentro y fuera de Venezuela.
