El gobierno de Donald Trump declaró que la banda estaba invadiendo Estados Unidos bajo la dirección del gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro. Una evaluación de los servicios de inteligencia estadounidenses concluyó que la banda no estaba controlada por el gobierno de Venezuela ni actuaba bajo sus órdenes.
La afirmación del presidente Donald Trump de que una banda está cometiendo delitos en Estados Unidos bajo la dirección del gobierno de Venezuela fue decisiva para que la semana pasada invocara una ley de guerra a fin de deportar sumariamente a personas de las cuales las autoridades sospechaban que pertenecían a ese grupo.
Sin embargo, las agencias de inteligencia estadounidenses difundieron el mes pasado unas conclusiones que contradicen claramente las afirmaciones de Trump, según funcionarios familiarizados con el asunto. El documento, fechado el 26 de febrero, resumía la opinión compartida de las agencias de espionaje del país de que la banda no estaba controlada por el gobierno venezolano.
La revelación pone en tela de juicio la credibilidad del sustento de Trump al invocar una ley de tiempos de guerra que rara vez ha sido utilizada, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con la finalidad de trasladar a un grupo de venezolanos a una prisión de alta seguridad en El Salvador el pasado fin de semana, sin el debido proceso.
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La evaluación de la comunidad de inteligencia concluyó que la banda, el Tren de Aragua, no estaba dirigida por el gobierno de Venezuela ni cometía delitos en Estados Unidos por orden suya, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas.
Los analistas consideran que esa conclusión tiene un nivel de confianza “moderado”, dijeron los funcionarios, debido al limitado volumen de información disponible sobre la banda. La mayor parte de la comunidad de inteligencia, incluidas la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, coincidió con esa valoración.
Solo una agencia, el FBI, discrepó parcialmente. Sostuvo que la banda tiene una conexión con el gobierno del presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, basándose en información que las demás agencias no consideraron creíble.
“Se preparan múltiples evaluaciones de inteligencia sobre asuntos por diversas razones”, dijo la Casa Blanca en un comunicado. “El presidente estaba dentro de su autoridad legal y constitucional para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar de nuestro país a terroristas extranjeros ilegales”.
Un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional declinó hacer comentarios.
El extraordinario uso por parte de Trump de poderes para tiempos de guerra con el fin de impulsar sus medidas represivas contra la migración ha puesto a su gobierno al borde de un enfrentamiento constitucional con el poder judicial. Un juez de Washington está estudiando si el gobierno violó su orden de bloquear, por ahora, la expulsión de migrantes en virtud de la ley. El Departamento de Justicia denunció que la orden vulneraba los poderes de Trump en materia de seguridad nacional y pidió a un tribunal de apelaciones que la anulara.
La Ley de Enemigos Extranjeros faculta al poder ejecutivo para expulsar sumariamente a ciudadanos extranjeros cuyo gobierno esté en guerra declarada con Estados Unidos o que esté invadiendo o realizando una “incursión depredadora” en territorio estadounidense. El gobierno utilizó la ley por última vez durante el internamiento y repatriación de ciudadanos japoneses, italianos y alemanes durante y después de la Segunda Guerra Mundial.
A primera vista, la ley parece requerir no solo que exista una invasión o incursión, sino un vínculo con las acciones de un gobierno extranjero.
Con información de The New York Times
