Franco José Caraballo Tiapa, un barbero venezolano de 26 años, fue deportado por Estados Unidos a El Salvador, a pesar de no tener antecedentes penales en su país de origen ni en EE. UU., según documentos obtenidos por CBS News.
Caraballo, quien ingresó a Estados Unidos en 2023 solicitando asilo por persecución en Venezuela, fue detenido en febrero durante una cita de rutina con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas.
Estados Unidos acusó a Caraballo de ser miembro de la banda criminal Tren de Aragua (TdA), pero los documentos oficiales no muestran evidencia de antecedentes penales ni de actividades delictivas. «No se le concedió el debido proceso. No pudo defender esta acusación», declaró su abogado, Martin Rosenow.
Según el medio Yaracuy al Día, Caraballo es originario de Ciudad Guayana pero residente en el municipio Bruzual, Yaracuy. Antes de emigrar, trabajaba como albañil y barbero en Texas. Junto a su esposa, buscaba estabilidad económica para ayudar a su familia y mejorar la vida de su hija de cuatro años, quien quedó al cuidado de su abuela en Chivacoa.
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El 3 de febrero, Caraballo se presentó a una cita de control migratorio en ICE, donde fue detenido sin que se le explicaran las razones. Según su familia, las autoridades le preguntaron sobre sus tatuajes, pero no le informaron el motivo de su arresto. «Lo que Franco dijo cuando se comunicó con su esposa es que no le informaban el motivo de la detención, pero que le preguntaban por los tatuajes que tiene. Esa no es razón para dejar preso a alguien», explicó un familiar.
Inicialmente, se esperaba que Caraballo fuera deportado a Venezuela, pero el fin de semana pasado fue trasladado a El Salvador, junto a decenas de venezolanos. Su familia se enteró de su deportación a través de videos difundidos en redes sociales.
La esposa de Caraballo, Johanny Sánchez, perdió contacto con él después de su deportación. Sánchez ha revisado imágenes de los deportados tratando de identificar a su esposo, mientras expresa su preocupación por su seguridad.
«Sólo por ser venezolanos no nos pueden juzgar a todos por ser criminales», dijo Sánchez, quien espera que tanto El Salvador como Estados Unidos muestren misericordia y justicia en el caso de su esposo.
La administración de Donald Trump ha defendido las deportaciones masivas de venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, alegando que todos los deportados pertenecen a pandillas como el Tren de Aragua.
«El gobierno salvadoreño ha afirmado que no compartirá más información sobre los deportados, lo que ha generado preocupación entre familiares y abogados por la falta de transparencia y debido proceso.
Sin embargo, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este jueves que el Gobierno de El Salvador ‘está obligado’ a proporcionar información sobre los migrantes, calificando el traslado como una ‘gran ilegalidad’ y una ‘violación colectiva de los derechos humanos’.»
Este caso se enmarca en la política migratoria más estricta de la administración Trump, que ha deportado a cientos de venezolanos a El Salvador bajo acusaciones de pertenencia a pandillas, a pesar de la falta de pruebas contundentes.
