El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el viernes haber firmado una proclamación que invoca una ley de hace dos siglos para deportar a presuntos pandilleros venezolanos enviados a prisión en El Salvador.
La aclaración sobre su papel en la operación se produce pocas horas después de que el juez James Boasberg, quien suspendió la expulsión de migrantes ordenada por la administración Trump, calificara las repercusiones de usar una ley de guerra de 1798 como «increíblemente problemáticas».
El fin de semana, Trump invocó esa inusual ley para deportar a 238 hombres que, según su administración, pertenecían a la pandilla venezolana Tren de Aragua y enviarlos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Para entonces, la secretaria de prensa de la Casa Blanca emitió un comunicado en el que afirmaba que Trump «firmó una Proclamación que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros» y que el documento aparecía en el Registro Federal con la firma del presidente.
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Sin embargo, Trump insinuó el viernes que su secretario de Estado fue quien tuvo más que ver con el asunto: «No sé cuándo se firmó porque yo no lo firmé. Otras personas se encargaron», dijo el mandatario a los periodistas.
«Marco Rubio ha hecho un gran trabajo y los quería afuera, y nosotros lo apoyamos», destacó Trump.
Trump arremetió esta semana contra el juez Boasberg y pidió su destitución, lo que le valió una reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
El decreto que aplica la inusual ley estaba fechado el 14 de marzo y fue divulgado al día siguiente por la Casa Blanca, horas antes de la deportación a El Salvador de más de 200 personas presentadas como presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal declarada «terrorista» por Washington.
El juez preguntó en una audiencia este viernes por qué se firmó el decreto el viernes y se apresuraron a llenar aviones con migrantes.
«Me parece que la única razón por la que hacen esto es porque saben que hay un problema y quieren sacarlos del país antes de que se presenten demandas legales», le dijo Boasberg al abogado del gobierno, Drew Ensign.
«¿Qué pasa con quienes no son miembros del Tren de Aragua ni ciudadanos venezolanos? ¿Cómo pueden impugnar su expulsión?», enfatizó el magistrado, quien suspendió las expulsiones bajo esta ley hasta fin de mes.
Lee Gelernt, abogado de la influyente organización de derechos civiles ACLU, insistió en la necesidad de «poder impugnar» su pertenencia a la pandilla.
«Las repercusiones políticas son increíblemente problemáticas y preocupantes», añadió el juez, e insistió en que se hizo «un uso extensivo y sin precedentes» de la ley.
Hasta ahora solo se invocó en el contexto de un conflicto militar, es decir «cuando era indiscutible que existía una declaración de guerra y quién era el enemigo», afirmó.
Pero Trump había reafirmado el viernes que esta declaración le da el poder de arrestar y deportar a extranjeros sin pasar por los juzgados.
– «Es lo que dice la ley» –
«Eso es lo que dice la ley y lo que este país necesita», sostuvo el presidente republicano en respuesta a la pregunta de un periodista en el despacho oval.
«Me dijeron que pasaron por un riguroso proceso de investigación, que también continuará en El Salvador», contestó cuando le preguntaron si es seguro que las más de 200 personas deportadas y encarceladas en una prisión de alta seguridad salvadoreña son «criminales».
«Eran un grupo malo (…) y estaban con muchos otros que eran absolutamente asesinos, homicidas y personas con los peores antecedentes penales», agregó Trump.
Esta semana la Casa Blanca acusó al «régimen hostil» del mandatario venezolano Nicolás Maduro de enviar a Estados Unidos al Tren de Aragua y el Departamento de Estado afirmó que este grupo «está estrechamente asociado, alineado y, de hecho, ha infiltrado» el gobierno del líder chavista.
Pero un informe del 26 de febrero de agencias de inteligencia de Estados Unidos lo matiza, según el New York Times, que cita a funcionarios que pidieron mantener el anonimato. Concluye que la banda no está controlada por el gobierno venezolano.
El Departamento de Justicia respondió anunciando la apertura de una «investigación criminal sobre la filtración selectiva de información inexacta, pero clasificada, de la comunidad de inteligencia sobre el Tren de Aragua».
En un comunicado deploró «los intentos con motivaciones políticas del gobierno en la sombra de socavar la agenda del presidente Trump filtrando información falsa».
La aplicación de la ley de 1798 «está basada en hechos, derecho y sentido común, lo cual demostraremos en los tribunales antes de expulsar de este país a los terroristas del Tren de Aragua», asegura el departamento.
