Por séptimo año consecutivo, desde que es medido, el Índice de Estado de derecho desciende en la mayoría de los países del mundo y América Latina no es la excepción. La evaluación del World Justice Project (WJP), una organización independiente con sede en Washington, califica con notas desde 0 (peor) hasta 1 (mejor).
De 32 países de la región, 20 (63%) bajan su puntuación con respecto al año pasado. De estos, 13 ya registraban bajas anteriores. El Salvador (-3,2%), Nicaragua (-2,8%) y Haití (-2,3%) son los que más empeoran. En contraste, 12 mejoran su índice, entre ellos Brasil (1,5%), Guatemala (1,3%), República Dominicana (1,1%) y Honduras (1,1%). Los dos últimos presentan aumentos consecutivos en los últimos años.
El índice es calculado en base a encuestas a la población y consultas a expertos, y mide ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
El concepto de Estado de derecho se refiere a aspectos como «la calidad de la democracia, el funcionamiento de los poderes del Estado y de los organismos autónomos, la independencia judicial, las actuaciones policiales, el sistema penitenciario, cómo prevenir la captura de organismos públicos por el crimen organizado y sectores que tienen intereses económicos, rendición de cuentas y transparencia”, explica a DW Hugo Rojas, profesor de Sociología del Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Chile.
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Retrocesos y avances
Uruguay sigue siendo el país latinoamericano mejor ubicado a nivel mundial (puesto 24 de 142), con un índice de 0.72. Le siguen Costa Rica y Barbados, que desplaza a Chile del tercer lugar. En las posiciones más bajas de la tabla aparecen Nicaragua, Haití y, último, Venezuela. Este último, con un índice de 0.26 y una caída de 1,2% respecto al año anterior, se mantiene además como el peor evaluado del mundo.
Entre los factores revisados, la justicia civil se debilitó en 19 países latinoamericanos, especialmente en Ecuador, Nicaragua y Haití. El retroceso en la protección de los derechos fundamentales fue notorio en El Salvador, Nicaragua y Venezuela, mientras que la justicia penal mostró una baja más pronunciada en Venezuela y El Salvador.
«Nos preocupa mucho cómo los derechos humanos vienen cayendo en América Latina y esto se profundizó en los países que venían con esta tendencia. Lo vemos en Venezuela, y El Salvador es un caso muy preocupante. En México también hubo un declive en esta área”, dice a DW Ana María Montoya, directora de análisis de datos del World Justice Project.
También causa alerta que se siguen deteriorando los límites al poder gubernamental, un elemento muy relacionado con el respeto a los derechos fundamentales. «El autoritarismo está creciendo en muchos países. En Nicaragua y Venezuela esta tendencia se profundiza”, añade Montoya.
Pero no todo es negativo. Junto con la presencia de democracias sólidas, como Uruguay y Costa Rica, y el hecho de que Brasil esté mejorando, por primera vez en cinco años son más los países latinoamericanos (59%) que avanzan que los que caen en el factor ausencia de corrupción. En Colombia y República Dominicana se ven las mayores alzas porcentuales.
«Este es un gran hallazgo. El hecho de que la percepción haya mejorado es una gran noticia para las democracias, pues afecta también otras percepciones de gobierno e instituciones”, destaca la investigadora del WJP. «Sin embargo, si no mejoran los aspectos de límites al gobierno y derechos fundamentales, no estamos tan confiados en que la ausencia de corrupción se traduzca en un mayor apoyo a la democracia”, advierte.
«Las percepciones frente a la corrupción son alentadoras y pueden deberse a que hay más transparencia y libertad de expresión. Un tema complejo es corregir las deficiencias en los sistemas de justicia y actuaciones policiales, y quizás en esos ámbitos podrían alcanzarse mejoras en el corto y mediano plazo”, aporta Rojas.
Prestar atención a las señales
Las percepciones son señales poderosas, aunque no siempre condicen con las cifras reales. En menos de una década, Chile pasó del puesto 26 al 36 en el ranking general. En la dimensión orden y seguridad está 97 del mundo y 12 en América Latina, a pesar de que tiene la tasa de homicidios más baja de la región. Junto con el alza de la criminalidad en los últimos años, Rojas lo explica por las interpretaciones de la ciudadanía a los mensajes de los medios y políticos, así como las críticas al trabajo de policías y fiscales.
A nivel regional, el académico de la UAH señala que, ante el aumento de los niveles de inseguridad por el crimen organizado y la falta de respuesta estatal oportuna y eficaz, los ciudadanos están dispuestos a renunciar a algunos derechos fundamentales: «La tendencia del electorado es privilegiar posturas políticas cada vez más autoritarias y restrictivas de los derechos humanos”. El experto añade que el desafío para los partidos políticos es ofrecer propuestas racionales en temas de control de la delincuencia y de la migración, que sean respetuosas de los derechos humanos.
En su opinión, entre los problemas que afectan al Estado de derecho en América Latina están «las fallas de comunicación y entendimiento de líderes y directivos de los principales organismos estatales con la ciudadanía”. Por un lado, los dirigentes no están comprendiendo bien los problemas ni las demandas y, por otro, los ciudadanos están desesperanzados con la capacidad de respuesta.
Rojas indica que está creciendo un sentimiento antipolítico, que afecta al Estado de derecho. Los ciudadanos, cada vez más disconformes con el funcionamiento y la calidad de la democracia, en vez de comprometerse, critican con más fuerza a instituciones y autoridades, e incluso no votan.
Revertir esta sensación de decepción y desconfianza puede tomar años. «El futuro va a depender de la capacidad de reacción y adaptación que tengan los líderes políticos. Si se toman en serio la importancia de robustecer el Estado de derecho, deberían prestar atención a las señales de alarma y preocupación que refleja el estudio de WJP”, subraya Rojas.
El índice promedio de América Latina, de 0,52, está por sobre otras regiones, como África Subsahariana (0,45), pero lejos de la Unión Europea (0,73). Mientras el Estado de derecho se erosionó en el 63% de los países de Latinoamérica y el Caribe, esto ocurrió en el 57% a nivel mundial. De 142 países, el mejor clasificado es Dinamarca, seguido de Noruega, Finlandia, Suecia, y Alemania. Al de peor puntuación, Venezuela, lo anteceden Camboya, Afganistán, Haití y Myanmar.
Con información de la DW
