La Administración Trump se negó a revelar los detalles de los vuelos de deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros al invocar el privilegio de secretos de Estado, según un nuevo documento judicial presentado en la noche de este lunes, informó Telemundo.
El documento de la Administración incluye declaraciones de la fiscal general, Pam Bondi; el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Rubio afirmó en su declaración que revelar más información sobre los vuelos de deportación “amenaza con perjudicar significativamente los intereses de Estados Unidos en materia de asuntos exteriores y seguridad nacional”.
Añadió que hacerlo podría hacer que “los gobiernos de los estados extranjeros se enfrenten a presiones internas e internacionales”, lo que haría menos probable que ellos y otros “trabajen en cooperación con Estados Unidos en el futuro”.
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La presentación ante la corte fue en respuesta a un plazo fijado para el martes por el juez en el caso sobre si la Administración estaba invocaría el privilegio de secretos de Estado en este caso.
El juez federal que ordenó al Gobierno de Donald Trump pausar los vuelos de deportación a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente se negó este lunes a levantar su bloqueo, al alegar que los venezolanos expulsados merecían una audiencia antes, para determinar si realmente son pandilleros.
En su dictamen de este lunes, el juez de distrito James Boasberg rechazó una petición de los abogados del Gobierno republicano, que alegan que los más de 200 inmigrantes enviados hace una semana a una megacárcel de El Salvador pertenecen a la pandilla Tren de Aragua.
El Gobierno no ha mostrado evidencia sobre la supuesta afiliación criminal de los inmigrantes. Múltiples familiares han identificado a sus seres queridos en la megacárcel y han dicho a Noticias Telemundo que no pertenecen a ninguna pandilla.
El juez Boasberg dijo este lunes que el Gobierno usó para las deportaciones la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en una manera “sin precedentes” y que su uso estuvo “fuera del contexto típico de guerra”.
Añadió que debe ser un tribunal el que determine si los deportados pertenecían o no a una organización criminal.
