El gobierno del presidente Donald Trump vence el martes para explicar a un juez por qué sus vuelos de deportación con migrantes venezolanos no violaron una orden judicial que detenía dichas deportaciones, un día después de argumentar que cualquier divulgación de más detalles pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.
Por Reuters
El juez federal de distrito James Boasberg, con sede en Washington, instruyó la semana pasada a los abogados del Departamento de Justicia para que le presentaran una justificación por la omisión del gobierno de devolver dos aviones cargados de presuntos pandilleros venezolanos deportados a El Salvador el 15 de marzo, a pesar de su orden que bloqueaba dichas deportaciones durante dos semanas. El gobierno ha afirmado que los vuelos se llevaron a cabo bajo una ley del siglo XVIII poco utilizada.
Boasberg también ha solicitado más detalles sobre el horario de los vuelos y el número de venezolanos a bordo para determinar si el gobierno violó su orden.
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El juez otorgó al gobierno la opción de invocar el privilegio de secreto de estado, una doctrina que limita la divulgación de información sensible en litigios civiles, y justificar su decisión. En documentos judiciales presentados el lunes por la noche, el Departamento de Justicia afirmó que invocaría dicho privilegio, argumentando que la investigación de Boasberg constituía una extralimitación judicial que infringía la autoridad del poder ejecutivo en materia diplomática y de seguridad nacional.
«Cabe esperar razonablemente que la divulgación de esta información cause un perjuicio significativo a los intereses de relaciones exteriores de Estados Unidos», escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, en una declaración presentada ante el juez.
Tras la fecha límite del martes para la explicación del gobierno, los abogados de los migrantes venezolanos que interpusieron la impugnación legal de las deportaciones tendrán hasta el 31 de marzo para responder. Boasberg ha advertido sobre las posibles consecuencias si concluye que el gobierno violó su orden, pero no ha especificado cuáles serían.
El caso se ha convertido en una importante prueba para la amplia arrogancia del poder ejecutivo por parte del presidente republicano. Con su partido con mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y alineándose en gran medida con la agenda del presidente, los jueces federales a menudo se han convertido en el único obstáculo a la ola de medidas ejecutivas de Trump.
Después de que Boasberg detuviera temporalmente las deportaciones, Trump solicitó el impeachment del juez, un proceso que podría llevar a su destitución. En respuesta, el presidente del Tribunal Supremo de EE. UU., John Roberts, emitió una inusual declaración en la que reprendía a Trump y afirmaba que las apelaciones, y no el impeachment, son la respuesta adecuada a los desacuerdos con las decisiones judiciales.
«LOS NAZIS RECIBIERON UN MEJOR TRATO»
Este mes, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua sin órdenes definitivas de expulsión de los jueces de inmigración, como suele ser necesario.
Boasberg detuvo temporalmente esas deportaciones porque, según él, no estaba claro que la presencia de la pandilla en Estados Unidos constituyera un acto de guerra por parte de una nación extranjera, como se describe en la ley. La Ley de Enemigos Extranjeros se había utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente para internar y expulsar a inmigrantes japoneses, alemanes e italianos durante la Segunda Guerra Mundial.
Los familiares de muchos de los migrantes venezolanos deportados niegan los presuntos vínculos con pandillas. Los abogados de uno de los deportados, futbolista profesional venezolano y entrenador juvenil, afirmaron que las autoridades estadounidenses lo habían etiquetado erróneamente como pandillero basándose en un tatuaje de una corona que hacía referencia a su equipo favorito, el Real Madrid.
El lunes se celebró una audiencia ante un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia sobre la iniciativa del gobierno de detener la ejecución de la orden de Boasberg. En la polémica audiencia, la jueza de circuito Patricia Millett declaró que los venezolanos deportados no contaron con el debido proceso para refutar la afirmación del gobierno de que eran miembros del Tren de Aragua. «Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que aquí», dijo Millett, a lo que el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, respondió: «Ciertamente cuestionamos la analogía nazi».
El tribunal del Circuito de D.C. no indicó cuándo emitiría su fallo.
