Naciones Unidas ha afirmado este martes que «las cuestiones que tienen que ver con los migrantes y los refugiados deben tratarse de acuerdo con el Derecho Internacional», en el marco de la política de deportaciones que ha aplicado Estados Unidos desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.
El portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha respondido en rueda de prensa a la pregunta de un periodista sobre la separación de niños de sus familias en casos de deportación, y ha reclamado que, «aunque todos los países tienen el derecho y la responsabilidad de gestionar sus propias fronteras», es necesario «mantener la dignidad humana en el centro» de este tipo de actuaciones.
En el caso concreto por el que ha sido preguntado, las autoridades de migración de Estados Unidos deportaron el pasado viernes a Venezuela a una madre cuya hija fue puesta en un hogar de acogida en Estados Unidos, a pesar de que la madre quería que volase con ella. El padre de la niña había sido enviado en marzo a una cárcel en El Salvador.
En un mítin en Míchigan este martes por sus 100 días en la Casa Blanca, Trump ha presumido, precisamente, de que su Gobierno está «ejecutando deportaciones masivas» y de que se están haciendo «muy rápido». Con respecto a la suspensión ordenada por el Tribunal Supremo de las deportaciones realizadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, Trump no cree que «se vaya a permitir que se mantenga» en el tiempo.
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Además, ha destacado también que «los peores de los peores están siendo enviados a una prisión de El Salvador que no se anda con rodeos», en referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad impulsada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Acto seguido, Trump ha presentado un vídeo de los presos deportados en su transporte y llegada al centro penitenciario, mientras el público aplaudía.
Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, ha destacado que «las entradas ilegales en la frontera suroeste se han reducido en un 95 por ciento desde 2024» a raíz de los «acuerdos con Guatemala, Panamá y El Salvador para interceptar y deportar a los extranjeros ilegales».
El Gobierno de Estados Unidos ha tenido que hacer frente a protestas por la manera en que ha gestionado múltiples deportaciones, como la de dos menores estadounidenses –uno, enfermo de cáncer metastásico– deportados junto a su madre el pasado viernes.
En ese caso, altos cargos de Washington defendieron la actuación de su agencia de inmigración argumentando que ellos no deportaban a los menores estadounidenses, pero que sus padres o madres podían elegir llevarlos consigo al ser expulsados.
