La política de bonificación del salario impuesta por el régimen de Nicolás Maduro desde marzo de 2022 hasta la fecha, perjudica a la familia venezolana no solamente porque ha visto convertir en sal y agua su ingreso, sino también porque la imposibilita para mejorar su calidad de vida por la pérdida del poder adquisitivo y el alza indetenible de la inflación.
Así lo estimó el partido Primero Justicia, a propósito de la conmemoración del Día del Trabajador, reiterando que la dignificación de los trabajadores venezolanos pasa por la salida de Nicolás Maduro del poder y de su modelo fracasado, así como por la generación de empleos dignos y bien remunerados, que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución Nacional.
El ajuste salarial integral anunciado por Maduro la noche de este miércoles, según el cual el ingreso mínimo integral indexado a partir del 1° de mayo será de $160 para los trabajadores públicos del país ($120 de bono + $40 de cestaticket, todo indexado al dólar del BCV), demuestra falta de voluntad política y una total insensibilidad por parte de un régimen que se autodenomina “obrero”, especialmente con los pensionados.
La tolda aurinegra recordó que, desde marzo de 2022 no ha habido aumento salarial en Venezuela, pues este quedó congelado en Bs.130 –equivalentes hoy a entre $1,2 y $1,5 mensuales–, muy por debajo de la línea de pobreza extrema estipulada por el Banco Mundial en menos de $2,15 al día.
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En 2022, Maduro prometió una indexación salarial que nunca se dio, pues esta requiere de ajustes que procuren que la capacidad adquisitiva del salario se mantenga en el tiempo y no se devalúe por concepto de inflación. Por el contrario, fue aprobando bonos especiales aplicables para los trabajadores y jubilados de la administración pública, así como para los pensionados, efectivos a través del Sistema Patria.
“Desde su implementación, hemos denunciado el Sistema Patria como mecanismo de control social, discriminatorio por demás, ya que los beneficios no llegan a todos por igual”, refiere Primero Justicia, al recordar que el régimen de Maduro ha tenido recursos financieros suficientes como para garantizar un salario mínimo de entre $150 y $200 mensuales sin afectar la inflación, porque el grueso de la carga impositiva se cobra en dólares: impuestos, gasolina, exportaciones de otros minerales y exportaciones petroleras.
Asimismo, Primero Justicia exigió dejar sin efecto el memorando 2792 y el instructivo Onapre, que dejaron a los trabajadores públicos en condición de esclavitud al eliminar los contratos colectivos y las conquistas sociales y económicas conseguidas tras años de lucha, tales como las escalas salariales, bonificaciones de vacaciones, primas, aguinaldos, antigüedad, entre otras, hoy calculadas en función del salario mínimo vigente.
“El aumento de los bonos a través del Sistema Patria, así como del ticket de alimentación no tienen incidencia alguna sobre las prestaciones sociales, vacaciones o antigüedad de los trabajadores. El salario integral no es salario. Los pensionados del Seguro Social siguen cobrando pensiones de hambre y si están registrados en Patria pueden recibir el Bono de Guerra Económica, cuyo monto es muy inferior al que reciben los trabajadores públicos” y al costo de la canasta alimentaria que, en marzo de este año, se ubicó en $526,83 o en Bs. 36.878,37, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas – FVM).
En marzo, por ejemplo, un docente venezolano necesitaba en promedio 46,21 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria, partiendo del hecho de que el salario promedio de los maestros es de $11,40.
“Estos ajustes – reiteramos – no compensan el alza de la inflación ni garantizan calidad de vida. Tampoco permiten solventar la desigualdad, la precariedad y las brechas de género persistentes en Venezuela, detectadas por la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2024 (Encovi) de la UCAB, y que además revela que los niveles de vulnerabilidad social no mostraron cambios significativos”.
Finalmente, Primero Justicia enfatizó que cualquier cambio en las políticas sociales, labores y económicas de Venezuela, pasa por la salida de este régimen oprobioso y su modelo socialista, y que desde cada rincón del país seguiremos trabajando para lograr la libertad, la seguridad social y la justicia laboral que merecen todos los trabajadores.
