La entidad crediticia española Abanca no está interesada en fusionarse con Sabadell, según ha declarado este lunes, desmintiendo así una información publicada en el diario Expansión que afirmaba que estaba considerando dicha operación como respuesta a la oferta pública de adquisición hostil de BBVA.
El periódico citaba fuentes no identificadas que afirmaban que Sabadell había mantenido conversaciones preliminares con accionistas de Abanca, propiedad mayoritaria del empresario Juan Carlos Escotet.
«Abanca desea reiterar que no tiene ningún interés en esta operación», afirmó la entidad en un comunicado, añadiendo que no haría más comentarios sobre las especulaciones del mercado.
Sabadell se negó a comentar la información publicada por Expansión.
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La Comisión Nacional de Competencia y Mercados (CNMC) ha aprobado la oferta de adquisición de BBVA, siempre y cuando esta haga algunas concesiones.
Sin embargo, el Gobierno español se opone al acuerdo por temor a que pueda provocar pérdidas de puestos de trabajo. La semana pasada puso en marcha una consulta pública no vinculante sobre el asunto.
La legislación española exige que los órganos de gobierno de una empresa objeto de una oferta pública de adquisición se mantengan pasivos y soliciten la aprobación de los accionistas antes de tomar cualquier medida que pueda impedir que la adquisición se lleve a cabo.
El domingo, el periódico La Vanguardia informó de que el Gobierno había comunicado al presidente de Sabadell, Josep Oliu, que contar con un grupo de accionistas principales facilitaría rechazar las ofertas de terceros.
Un portavoz del Ministerio de Economía español afirmó que no tenía información al respecto.
En caso de que se materializara alguna operación, el Gobierno la evaluaría en función de criterios de interés público.
El Gobierno se centraba en evaluar si eran necesarias medidas adicionales sobre la operación propuesta entre BBVA y Sabadell, añadió el portavoz.
Según la legislación española, el Gobierno no puede impedir que se presente una oferta, pero tiene la última palabra sobre si una fusión sigue adelante. El Ministerio de Economía tiene hasta el 27 de mayo para llevar el acuerdo al Consejo de Ministros tras la autorización de la CNMC.
A continuación, el Gobierno tiene un mes para tomar una decisión definitiva sobre si aprueba el acuerdo con o sin condiciones.
