La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció el fallecimiento de la joven Ariadna Pinto, de 20 años, víctima de la represión poselectoral de 2024, cuya salud entró en una espiral de deterioro mientras estuvo detenida, entre agosto y diciembre pasado.
Según el Clipp, la joven de 20 años de Tinaquillo, estado Cojedes murió el sábado «tras meses de sufrimiento causado por una detención injusta, el colapso del sistema de salud y el abandono institucional», una «tragedia que revela el costo humano de la criminalización de la protesta en Venezuela».
A través de la red social X, el comité aseguró que «el encierro y la ansiedad provocada por su situación agudizaron su diabetes tipo 1 y comenzó a presentar retención de líquidos, convulsiones frecuentes y descompensaciones severas».
Señaló que el 12 de agosto fue hospitalizada por una hiperglucemia grave en un centro de salud público, pero luego fue devuelta al lugar de detención «sin recibir tratamiento sostenido».
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En septiembre, prosiguió el Clipp, fue «nuevamente ingresada de emergencia por complicaciones severas» y con una «condición general crítica», y «permaneció hospitalizada hasta su excarcelación, el 7 de diciembre, bajo custodia del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) y esposada, en condiciones humillantes y con total indiferencia estatal».
«Durante ese tiempo, su madre cubrió todos los gastos médicos gracias a la solidaridad de familiares y amigos. Su liberación fue el resultado de una intensa presión pública, impulsada por su madre y organizaciones defensoras de derechos humanos. Pero ya su cuerpo mostraba signos de agotamiento», afirmó.
La ONG indicó que, posteriormente, Pinto estuvo hospitalizada en dos ocasiones, la última desde el 27 de abril pasado hasta el 10 de mayo, cuando falleció.
«Ariadna no murió solo por una complicación médica. Murió por la indiferencia de un sistema que persigue, encarcela y abandona. Su historia no puede repetirse. Es símbolo del sufrimiento que enfrentan los presos políticos enfermos en Venezuela, víctimas del abandono institucional, privados de atención y sometidos al deterioro físico y psicológico», expresó el comité.
Asimismo, señaló que su fallecimiento ocurre «apenas una semana después» de la muerte «bajo custodia del Estado» de Lindomar Jesús Amaro Bustamante, otro de los cientos de detenidos en el contexto de crisis poselectoral, con la que, según el comité, «ya son al menos seis las personas fallecidas» en prisión «entre 2024 y lo que va de 2025».
