Registros no divulgados previamente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revelan que el gobierno de Estados Unidos sabía que la mayoría de los 238 migrantes venezolanos deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador no tenían condenas penales en ese país antes de ser etiquetados como “terroristas”.
Según una investigación conjunta de ProPublica, The Texas Tribune y medios venezolanos como Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News, apenas 32 de los deportados habían sido condenados por delitos en territorio estadounidense, y en su mayoría se trataba de faltas menores como hurtos en tiendas o infracciones de tránsito.
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De ese total, solo seis personas habían sido condenadas por delitos violentos: cuatro por agresión, uno por secuestro y otro por posesión ilegal de armas. En cambio, cerca de 130 migrantes no tenían antecedentes criminales ni cargos pendientes en EE. UU., salvo infracciones migratorias, según los propios registros del DHS.
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A pesar de estos datos, el presidente Donald Trump y altos funcionarios de su gobierno calificaron públicamente a estos migrantes como “violadores”, “monstruos”, “salvajes” y “lo peor de lo peor”. Cuando medios de comunicación cuestionaron esas afirmaciones, la administración respondió que su evaluación se había basado en un exhaustivo proceso que consideraba delitos cometidos tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
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No obstante, la revisión de archivos judiciales y policiales en EE.UU. y países latinoamericanos mostró que solo 20 de los 238 migrantes habían sido arrestados o condenados por algún delito fuera del país, de los cuales 11 estaban relacionados con crímenes violentos como asesinato, robo a mano armada o asalto.
También se revisaron bases de datos de presuntos miembros de pandillas elaboradas por autoridades venezolanas e Interpol, que contienen alrededor de 1.400 nombres. Ninguno de los 238 deportados aparece en esas listas, de acuerdo con los documentos revisados.
