Todo comenzó cuando Marlean Ames, una mujer heterosexual de 60 años, demandó al Departamento de Servicios a la Juventud en Ohio, afirmando que había perdido su puesto de trabajo y que, en su lugar, contrataron a un hombre homosexual. Ella aseguraba que era una persona menos cualificada que ella, pero que su supervisor también era homosexual y, según ella, prefirió contratar a su igual.
En la demanda presentada ante la Corte Suprema, Ames asegura que se vio marginada en su trabajo, una demanda que la Corte no solo permitió continuar, sino que implica que los nueve magistrados del más alto tribunal estadounidense aprobaron por unanimidad anular una norma utilizada en casi la mitad de los circuitos federales del país. Norma que requería que los miembros de grupos mayoritarios cumplieran con estándares más altos para tratar de demostrar que fueron objeto de discriminación en sus puestos de trabajo. En este caso, el Supremo rompió con esa tesis, lo que permitirá que las demandas puedan avanzar sin necesidad de ese requisito.
El caso ha adquirido una relevancia especial en medio de la escalada conservadora de Donald Trump contra las políticas de diversidad, igualdad e inclusión. En algunos casos, esas políticas funcionan como una especie de acción afirmativa o discriminación positiva hacia los colectivos minoritarios. Hasta ahora, algunos tribunales habían defendido esos estándares más altos con el argumento de que la discriminación contra los trabajadores de los grupos mayoritarios era relativamente infrecuente.
La victoria de Ames en el Supremo no implica directamente que gane la demanda. El Supremo simplemente concluye que la ley no impone a los miembros de grupos mayoritarios que cumplan un estándar probatorio más estricto en sus demandas por discriminación. Por lo tanto, anulan la sentencia dictada en primera instancia y devuelven la demanda al tribunal inicial para que la analice con la nueva doctrina.
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