La Comisión Europea actualizó este martes 10 de junio su lista de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en materia de lavado de capitales y financiación del terrorismo, incorporando a Venezuela y otras nueve naciones, mientras retira de la clasificación a países como Panamá, los Emiratos Árabes Unidos y Barbados.
En un comunicado, el organismo indicó que la medida busca «reforzar la supervisión financiera de la Unión Europea frente a posibles operaciones ilícitas originadas en estos territorios».
Según la Unión Europea, las jurisdicciones añadidas, entre las que también figuran Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal, presentan «deficiencias estratégicas» en sus sistemas nacionales contra el crimen financiero.
A partir de ahora, las entidades bancarias y financieras de la UE deberán aplicar controles reforzados a las transacciones vinculadas con estos países para «proteger la integridad del sistema financiero europeo».
La decisión se alinea con las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo del que la UE es miembro fundador. La lista actualizada refleja, en particular, las jurisdicciones bajo «vigilancia intensificada» por parte del GAFI, que monitorea su avance en la implementación de planes anticorrupción.
«La alineación con los estándares globales es clave para combatir las amenazas transnacionales», subrayó la Comisión.
La inclusión de Venezuela llega tras un proceso de evaluación técnica que incluyó diálogos bilaterales, visitas in situ y análisis de datos recopilados a través del GAFI. El país sudamericano, sometido a sanciones económicas de EE.UU. y la UE por años, ha sido señalado recurrentemente por «falta de transparencia» en su sistema financiero y presuntos «vínculos con redes de corrupción internacional».
En contraste, la Comisión retiró de la lista a ocho jurisdicciones, incluidas Panamá, Jamaica y Filipinas, reconociendo sus «avances significativos» en la lucha contra el lavado de dinero. Los Emiratos Árabes Unidos, en particular, habían sido objeto de críticas por su opacidad financiera, pero su reciente adhesión a normativas globales le valió la salida de la clasificación.
La actualización se formalizará mediante un reglamento delegado, sujeto a la aprobación del Parlamento Europeo y el Consejo en un plazo máximo de dos meses. La medida se enmarca en el artículo 9 de la Cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales (AMLD IV), que exige revisiones periódicas para adaptarse a los riesgos emergentes.
