Un grupo de familiares y allegados de los migrantes venezolanos secuestrados en la mega cárcel denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) llegaron a El Salvador para exigir «pruebas de vida» y conocer el estado de salud de los detenidos.
La comitiva llegó con un documento legal para representar a cuatro familias de igual número de deportados a El Salvador originarios del estado Táchira, sin embargo, señalaron que hablan por todas las familias de los 238 venezolanos que guardan prisión en ese país desde el pasado 15 de marzo. Todos ellos son señalados de pertenecer al «Tren de Aragua», aunque las mismas autoridades estadounidenses, investigaciones de organismos de defensa de derechos humanos y periodísticas han confirmado que muchos son simplemente migrantes indocumentados.
Dicho documento se presentó ante la Dirección General de Centros Penales, en San Salvador, con una serie de peticiones en la que destaca comprobar que sus familiares están con vida, verificar su estado de salud, entender su situación jurídica y exigir su libertad inmediata.
Hasta la noche de este martes, ninguna autoridad salvadoreña se ha pronunciado sobre la llegada de los venezolanos, sino que en las últimas semanas el Gobierno de Bukele ha embestido a las organizaciones de derechos humanos y ha capturado a varios de sus líderes.
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El Centro de Confinamiento del Terrorismo, desde su creación, en enero de 2023, se ha convertido en la prisión más popular de América Latina, no solo por las producciones audiovisuales al estilo de Hollywood difundidas por el Gobierno de Bukele, sino por los tours que las autoridades han brindado a youtubers y creadores de contenido. Sin embargo, la información sobre ella es, en realidad, casi nula.
Hasta la fecha, no se sabe exactamente cuántos prisioneros hay en la megacárcel, que tiene capacidad para 40,000 reos. Tampoco se sabe qué porcentaje de los recluidos tiene una condena. Las entrevistas realizadas por algunos periodistas seleccionados por el Gobierno se han realizado bajo la mirada de custodios o del equipo de comunicaciones de la Presidencia. Tampoco hay acceso a organismos de derechos humanos independientes ni mucho menos visitas de abogados o familiares.
