Un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) investiga como «desaparición» el caso de al menos uno de los 250 venezolanos expulsados por parte del gobierno de Donald Trump a la cárcel de pandilleros de El Salvador, el Cecot.
El 11 de junio de 2025, Gabriella Citroni, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de este organismo de la ONU, envió una carta al abogado de inmigración Martin Rosenow, quien representa a Franco José Caraballo, expulsado a El Salvador —como otros 230 venezolanos— en uno de los vuelos que salieron desde Texas el 15 de marzo.
En la carta, Citroni informa a Rosenow que el organismo examinó el caso de «desaparición» de Caraballo y lo transmitió al gobierno de El Salvador. «El Grupo de Trabajo expresó su deseo de que se llevaran a cabo las oportunas investigaciones para poder esclarecer la suerte y paradero de la persona desaparecida y proteger sus derechos», se lee.
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A finales de abril, el gobierno federal pidió al juez de inmigración desestimar el caso de asilo de Caraballo porque no estaba presente en Estados Unidos. El juez aceptó. Rosenow asegura que objetó la decisión del magistrado ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, pero aún no ha recibido respuesta. La organización Together and Free, que ha brindado apoyo a las familias de estos venezolanos, calcula que más de una docena de casos de asilo de estos inmigrantes expulsados también fueron cerrados por los jueces de inmigración tras el pedido de los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Rosenow contó a Univision Noticias que la última información conocida sobre Caraballo la tuvo el 14 de marzo. Ese viernes por la noche él llamó a su esposa llorando y le dijo que lo iban a deportar a Venezuela: «No tenía idea de que lo iban a enviar a El Salvador. Cuando yo me entero de que lo habían montado en un avión el viernes, yo dije: ‘No puede ser que lo estén deportando, porque él todavía tiene su proceso pendiente y no puede ser deportado legalmente sin tener una orden de deportación’».
El abogado explicó a la familia que seguramente sería trasladado a otro centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Pero cuando buscaron a Franco Caraballo el sábado a través del sistema online de ICE para localizar a detenidos (el ICE locator), no había registro alguno de este venezolano. Coincidió justo con las horas en que los aviones ya iban en camino a El Salvador.
Univision Noticias pidió más detalles al Grupo de Trabajo sobre las investigaciones que adelanta en el caso de Franco Caraballo y el resto de venezolanos expulsados por Estados Unidos a El Salvador. Confirmó que en la última sesión en Tailandia entre abril y mayo de 2025 examinaron 125 casos reportados de desapariciones forzosas en distintos países del mundo, entre ellos en El Salvador. Explican que un informe situacional sobre las «deportaciones ilegales desde Estados Unidos» fue entregado a ese país.
Además, señalan que ya en enero de 2024 habían transmitido al gobierno de Estados Unidos un documento con acusaciones «alarmantes» provenientes de fuentes sobre la «desaparición forzosa de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo» — incluyendo mujeres, niños y personas con discapacidad— mientras se encontraban bajo custodia de distintas agencias federales, entre ellas la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el primer punto de contacto de los migrantes cuando llegan a la frontera.
«Los someten a detención sin comunicación por días, dejándolos sin la protección de la ley y de sus derechos fundamentales, sin asegurarse de que sus familias, representantes legales y otras personas con un interés legítimo tengan acceso a la información sobre sus destinos y paraderos», se lee en el informe.
Ni el gobierno de Estados Unidos ni el de El Salvador le han confirmado a Rosenow o a su familia dónde se encuentra Franco Caraballo. Concluyeron que posiblemente había sido enviado al Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) cuando el medio CBS News publicó una lista el 20 de marzo con los nombres de los inmigrantes enviados por Estados Unidos a El Salvador.
También lo creyeron, porque dos días después de la expulsión de Caraballo a El Salvador, Rosenow cuenta que el gobierno presentó la planilla I-213 ante la corte de inmigración. En ella alegó que por sus tatuajes, el venezolano había sido identificado como «miembro activo del Tren de Aragua», la pandilla catalogada por Trump como organización terrorista en las primeras horas de su segunda Presidencia.
Con esos dos elementos, Rosenow concluyó que Franco Caraballo había sido expulsado a El Salvador bajo la autoridad de la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Trump —horas antes de la salida de los vuelos desde Texas— para permitir la deportación de extranjeros sin darles la oportunidad de defenderse ante una corte.
El traslado de estos venezolanos a El Salvador tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 ha sido duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, abogados y jueces. Lo han definido como «ilegal», «inconstitucional», como «una violación al debido proceso». Sin evidencias —más allá de ciertos tatuajes— fueron señalados como miembros del Tren de Aragua. Ninguno pudo defenderse de esas acusaciones. Para algunos, sus casos se van desvaneciendo en las cortes de inmigración y así, ellos van quedado olvidados en el sistema.
El Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su carta le informó a Rosenow que le comunicarían la información recibida desde El Salvador sobre su cliente para que pudiera transmitirla a su familia.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (OHCHR) señaló en un comunicado el 30 de abril que expertos estaban preocupados por la forma en que los venezolanos y salvadoreños habían sido enviados a El Salvador bajo el uso de esta ley, de forma «sumaria»: «Parece haberse aplicado incorrectamente para impedir el debido proceso, la revisión independiente y el acceso a tribunales, en contravención con el derecho internacional (…) Las deportaciones fueron aparentemente ilegales bajo la ley estadounidense y equivalieron a expulsiones arbitrarias e ilegales según el derecho internacional».
La OHCHR denunció —igual que los familiares de los expulsados— que los detenidos desconocían su lugar de destino, que sus allegados tampoco fueron informados, y que ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado los nombres ni la situación legal de estas personas.
Han pasado tres meses desde que los venezolanos fueron expulsados a El Salvador. Los familiares y abogados de estos venezolanos siguen sin noticias sobre su paradero y sin siquiera tener acceso a una llamada telefónica. Muchos han confirmado que sus esposos o hijos se encuentran allí retenidos a través de los videos de propaganda compartidos por el propio presidente Nayib Bukele o por los de políticos republicanos que han logrado ingresar al Cecot.
