Ante la «falta de respuesta» a los migrantes venezolanos «secuestrados» en El Salvador, Nicolás Maduro calificó este lunes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un sistema «neofascista» y «agotado».
«Lamentablemente el sistema de Naciones Unidas está agotado. Está sencillamente sometida a la imposición de reglas de un neofascismo. Parece que las autoridades del sistema de Naciones Unidas; llámense Volker Türk, Corte Penal Internacional o Corte Internacional de Justicia solo sirven para perseguir a los líderes y países independientes… a África, pero no sirven para hacer justicia cuando los poderosos del norte secuestran, bombardean, matan, asesinan y acribillan», dijo Maduro.
Repudió cómo familiares de los venezolanos que llegaron a El Salvador para exigir fe de vida de los presos trasladados a «campos de concentración», resultaron «agredidos» por el Gobierno de Nayib Bukele, quien a su juicio, se «transformó en un «monstruo de baja monta».
«Nayib Bukele es un Netanyahu, pero es un monstruo de baja monta y sencillamente es el encargado en Centroamérica de hacer las satrapías más grandes que se hayan visto en mucho tiempo. El pueblo salvadoreño lo sabe, los pueblos de América Latina lo saben», manifestó.
El jefe de Estado también aprovechó la oportunidad para fustigar a los organismos de derechos humanos por ser «utilizados para callar a los países independentistas y anti-imperialistas del sur».
«Yo le digo a los familiares de los 252 venezolanos; más temprano que tarde los tendremos en Venezuela. Los vamos a recuperar», sentenció.
La ONU y la migración venezolana
El pasado mes de mayo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación de los migrantes, quienes, según dijo, podrían estar en condición de «desaparición forzada».
“La manera en que algunos fueron arrestados y deportados, incluso con el uso de cadenas, ha sido extremadamente preocupante», dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Liz Throssell.
Además, destacó que muchos de los venezolanos no tuvieron acceso a asistencia legal y, en la práctica, no pudieron impugnar la legalidad de su expulsión antes de ser deportados.
El organismo internacional advirtió que la «falta de información pública y la opacidad en el proceso podrían constituir violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el riesgo de desaparición forzada, una de las más severas en el derecho internacional».
La ONU instó tanto al gobierno de Estados Unidos como al de El Salvador a «garantizar transparencia, informar sobre la situación de los deportados y asegurar que se respeten sus derechos fundamentales en todo momento».
