Un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la organización Human Rights Watch (HRW) alertó sobre un «patrón de detenciones y liberaciones selectivas de personas vinculadas con la oposición en Venezuela».
Según Human Rights Watch, tras la proclamación de la «reelección del presidente Nicolás Maduro, se habría intensificado una campaña de persecución caracterizada por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y vulneraciones al debido proceso».
La organización señaló que, hasta el 21 de julio, al menos 853 personas permanecen privadas de libertad por «motivos políticos», según cifras de la ONG Foro Penal. Entre los detenidos se encuentran dirigentes opositores, defensores de derechos humanos y ciudadanos acusados bajo cargos como «incitación al odio» o «terrorismo», algunos de ellos con penas que pueden alcanzar hasta 30 años.
Además, HRW documentó casos de «incomunicación prolongada, juicios virtuales en grupo, negación de acceso a abogados privados y presuntos malos tratos en centros de reclusión».
Artículos Relacionados
Entre los detenidos mencionados figuran Freddy Superlano (Voluntad Popular), Perkins Rocha (Vente Venezuela), Jesús Armas (equipo de campaña opositor), el excandidato presidencial Enrique Márquez, y el abogado de derechos humanos Eduardo Torres.
En paralelo, el Ministerio Público ha informado sobre la liberación de varios detenidos, incluyendo 80 personas el pasado 18 de julio. Ese mismo día, también se confirmó la excarcelación de 10 ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, en el marco de un intercambio que incluyó la deportación de 252 migrantes venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador.
Sin embargo, HRW advierte que el gobierno estaría aplicando un esquema de “puertas giratorias”, en el que algunas personas son liberadas mientras nuevas detenciones se producen. Según el partido Vente Venezuela, al menos 40 personas fueron arrestadas después de las liberaciones recientes, aunque varias ya han sido excarceladas.
La organización con sede en Washington insta a la comunidad internacional a «mantener una postura firme en materia de derechos humanos y a no interpretar las excarcelaciones como señales de mejora estructural».
“Los gobiernos que dialogan con Maduro no deben conformarse con liberaciones aisladas de presos: deben exigir mejoras sustanciales y duraderas en materia de derechos humanos para desmantelar la maquinaria del terror de Estado que se ha apoderado de Venezuela”, señala el texto.
También sugiere que eventos internacionales próximos, como la cumbre UE-CELAC en Colombia y la canonización de dos venezolanos por el Vaticano, «podrían ser aprovechados como plataformas diplomáticas para pedir la liberación de los presos políticos».
“El gobierno venezolano continúa tomando medidas represivas contra voces disidentes”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. “Las liberaciones puntuales no deben ocultar la situación general de persecución que enfrentan muchos ciudadanos”.
