La exconstituyente de 2017 y disidente del chavismo, María Alejandra Díaz, de acuerdo con el diario El Tiempo de Bogotá, se encuentra refugiada en la Embajada de Colombia, en Caracas, debido a la persecución política desatada en su contra.
El medio colombiano indicó que Díaz está a la espera de un salvoconducto por parte de la administración de Nicolás Maduro para salir de Venezuela, el que inicialmente le negaron.
“EL TIEMPO confirmó que Díaz ingresó en enero tras solicitud a funcionarios colombianos que accedieron a refugiarla en la residencia diplomática. La jurista exige al gobierno venezolano un salvoconducto para salir del país, el cual habría sido negado y mantiene en tensión a la representación diplomática con Caracas, que asegura que la activista no está siendo perseguida”, se lee en la nota divulgada este sábado 26 de julio.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la profesional del derecho, en conjunto con dirigentes políticos agrupados en el Frente Democrático Popular, introdujeron un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se obligara al Consejo Nacional Electoral (CNE) a publicar los resultados electorales desglosados y probar que Maduro fue reelecto como lo anunció el presidente del organismo, Elvis Amoroso.
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El TSJ no sólo desestimó el recurso sino que multó a la abogada, la suspendió del ejercicio profesional y ordenó al Colegio de Abogados abrir un procedimiento disciplinario en su contra. Posteriormente, Díaz denunció que la hostigaron junto a su familia.
Provea exige conceder asilo a Díaz
“La Constitución establece el derecho a solicitar asilo. Es al país a quien se le solicita quien debe calificar si la persona es o no una perseguida. Sin duda la abogada María Alejandra Díaz es una víctima más de la sistemática persecución por motivos políticos en Venezuela”, escribió el miembro de Provea y coordinador del área de Exigibilidad de la ONG, Marino Alvarado, en la red social X.
Como constituyente, Díaz salvó su voto durante la aprobación de la Ley Antibloqueo por considerar que el secretismo que daba a ciertas operaciones del Estado, favorecían la corrupción en empresas como Pdvsa.
Apoyó también los recursos del excandidato presidencial Enrique Márquez ante el TSJ. Y mientras a ella la persiguieron, al exvicepresidente del CNE lo detuvieron en enero de este año. Desde entonces no tienen acceso a un defensor o abogado de confianza ni comunicación con su familia.
