La justicia española ha firmado en 2025 dos resoluciones que beneficiaron a ex funcionarios venezolanos investigados por blanqueo de dinero de la corrupción a través de la compra de propiedades en España. La Audiencia Nacional tomó las decisiones, en ambos casos, a contramano de similares procesos judiciales que también han sido investigados por la justicia de Estados Unidos, donde los estos mismos implicados fueron condenados, están acusados y prófugos.
Las resoluciones sobre las piezas que forman parte de la macrocausa se instruyen en los juzgados españoles por maniobras fraudulentas en la empresa pública venezolana, PDVSA. El pasado 20 de junio se decidió el sobreseimiento provisional del empresario venezolano Raúl Gorrín, dueño del canal de TV Globovisión y otros muchos negocios, en una investigación por lavado de dinero tras un préstamo con la petrolera estatal venezolana, una operación que, de acuerdo al tribunal del Sur de Florida en Estados Unidos, fue amañada y que le proporcionó ganancias extraordinarias a quienes participaron en el esquema, al punto que hay varios implicados convictos y confesos.
La Audiencia Nacional consideró que no había “indicios de criminalidad” en la maniobra de Gorrín y sus socios, desestimando la condición de prófugo de este empresario, que está siendo investigado por la misma causa por la justicia de Estados Unidos y, en cambio, tomó como elemento probatorio una sentencia emitida por un juzgado de Caracas en 2020, que decretaba el sobreseimiento de Gorrín por ese caso.
La justicia española desoyó así las advertencias internacionales sobre el deterioro de justicia venezolana, que está sometida desde hace dos décadas al Poder Ejecutivo: el sistema judicial de Venezuela ha perdido su independencia y carece de capacidad para garantizar justicia ante la cooptación sistemática del régimen de Nicolás Maduro. Esta situación ha sido constatada por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OEA y otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
Gorrín sabe ser un empresario cercano al régimen de Nicolás Maduro, y está prófugo por un pedido de captura emitido por la justicia de Estados Unidos, que lo tiene en la lista de los más buscados en ese país desde 2018. A finales de 2024 Gorrín fue acusado formalmente, tras años de investigación, por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, por su participación en esa red que blanqueó USD 1.200 millones obtenidos de PDVSA.
La maniobra realizada hace más de 10 años por Gorrín y otros empresarios cercanos a Maduro es públicamente conocida porque ha sido investigada en Estados Unidos y otros países y hasta tiene nombre Money Flight. En diciembre de 2014, la empresa venezolana Rantor Capital CA, vinculada a Gorrín, firmó un contrato de préstamo con PDVSA por 7.200 millones de bolívares (USD 43 millones al cambio paralelo momento). Días después, el 23 de diciembre se cedieron esos derechos a Eaton Global Services Limited, una sociedad pantalla con sede en Hong Kong controlada por Gorrín.
PDVSA pagó el equivalente de USD 600 millones (en euros) para el 23 de enero de 2015 lo que generó una ganancia estimada de USD 567 millones, aprovechando la disparidad entre el tipo de cambio oficial y el paralelo que mantenía el gobierno venezolano. La operación salió tan bien que la repitieron igual en febrero y ya en marzo habían cobrado los otros USD 600 millones. Gorrín usó luego a la sociedad Eaton como vehículo para lavar cientos de millón es procedentes de ese préstamo, entre ellos la compra de propiedades en España.
Antecedentes en el caso PDVSA
La Audiencia Nacional tramita la macrocausa vinculada a distintos ilícitos cometidos en PDVSA, un extenso y complejo sumario dividido en cuatro piezas principales. A lo largo de la instrucción, se han emitido resoluciones que, en más de una ocasión, resultaron favorables para los exfuncionarios venezolanos acusados por el saqueo de la petrolera venezolana.
Este mismo año, de hecho, la Audiencia Nacional sobreseyó en enero a la sociedad Columbus One Properties, un elemento clave para entender los flujos ilícitos que movió el exviceministro de Desarrollo Eléctrico, Nervis Villalobos, cuyo blanqueo también se materializó con la compra de propiedades en España.
La justicia española consideró en esa resolución que no era válido el argumento de la fiscalía, ya que no había suficiente prueba para presumir que hubo delito a pesar de informes Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) , de la fiscalía, y de las sentencias en Estados Unidos.
El Grupo Columbus era un conjunto de sociedades acusada de blanquear fondos provenientes de la corrupción en PDVSA. El argentino Luis Fernando Vuteff, uno de los ideólogos de la trama, fue detenido en Suiza en 2022 y dos años más tarde fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a 30 meses de prisión tras declararse culpable ante la justicia de ese país en diciembre de 2024. Entregó, además, cuatro millones de dólares en activos confiscados. Vuteff es también investigado por la justicia penal argentina, que ya envió un pedido de exhorto a los tribunales españoles para conocer el detalle de sus operaciones de blanqueo en España. ¿Qué va a responder la justicia española si considera que no hubo ilícito?
Tras dictar el sobreseimiento, la Audiencia Nacional también rechazó el recurso interpuesto por la organización Access Info Europa, especializada en temas de transparencia y anticorrupción. Esta organización apeló la medida. Sin embargo la decisión fue ratificada por la Sala Penal de la Audiencia Nacional.
No son las únicas resoluciones dictadas por la justicia española que beneficiaron a exfuncionarios y empresarios vinculados a presuntos actos de corrupción en PDVSA. En julio de 2023, se archivó la causa contra María Lila Bravo de Rincón, esposa del empresario Roberto Rincón Fernández, quien admitió en Estados Unidos haber participado en una red que sustrajo más de 1.000 millones de dólares a la petrolera estatal venezolana. La Audiencia Nacional concluyó que el vínculo familiar no constituía prueba suficiente y que no se había acreditado intervención personal, ni directa ni indirecta, por parte de la señalada.
En esa misma resolución, se rechazó la solicitud de citar a declarar a Nicolás Maduro, entonces miembro de la junta directiva de PDVSA, presentada por el exdirectivo Javier Alvarado Ochoa, expresidente de Electricidad de Caracas y también requerido por la justicia estadounidense. Alvarado —quien obtuvo la nacionalidad española en 2017 y alteró el orden de sus apellidos para figurar como Javier Ochoa Alvarado— permanece en España, pero se ha denegado hasta el momento su extradición.
Meses antes, en septiembre de 2022, la Audiencia Nacional también archivó una causa contra Nervis Villalobos Cárdenas, vinculado a la misma trama de corrupción. Villalobos es reclamado por Estados Unidos, que mantiene activa su solicitud de extradición ante las autoridades españolas, aún sin resolución definitiva.
Hasta ahora la impunidad de la corrupción venezolana tiene tierra fértil en España.
