Este viernes 1 de agosto todos los ojos de Colombia vuelven a estar sobre la jueza Sandra Heredia, quien hace cuatro días condenó penalmente por primera vez a un expresidente en la historia moderna de ese país, en primera instancia.
A partir de las dos de la tarde está citada la audiencia en la que anunciará la sentencia contra el exmandatario de derechas, Álvaro Uribe Vélez, de quien anunció este lunes que es responsable de los delitos de fraude procesal y soborno de testigos en actuación penal.
La Fiscalía ha pedido una pena privativa de la libertad de nueve años, la máxima posible en estos casos, y en una prisión, mientras que la defensa le solicitó a la juez que “mantenga la situación de libertad del doctor Uribe Vélez”, en palabras del abogado Jaime Granados.
Ante la jurista han llegado esta semana los argumentos sobre el monto de la pena, la posibilidad de que la sanción se pueda cumplir en el domicilio del político o sea en una cárcel, y sobre la actitud que ha tenido el expresidente ante el juicio, que es uno de los criterios para que tome esa decisión.
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Fuera del tribunal la tensión no es menor. Quienes han odiado al mandatario por años esperan el más duro de los castigos, y lo quieren inmediatamente. Quienes le siguen, en cambio, exigen que siga en libertad hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Bogotá, que en las próximas semanas deberá estudiar la apelación a la sentencia que ya anunció Granados. Heredia, quien ha cargado con este sensible caso durante 475 días, no tiene un día fácil.
La decisión puede tener una trascendencia política enorme, especialmente si la jueza, contra lo que ocurre usualmente, decide que la pena impuesta a Uribe Vélez se debe cumplir desde este viernes.
La imagen del expresidente detenido, así sea en su enorme finca en Córdoba llamada el Ubérrimo, es una postal que los uribistas seguramente reivindicarán como símbolo de injusticia; y los antiuribistas, como señal de que la justicia es más fuerte que nunca.
