El presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó este lunes 4 de agosto el veto a las subidas de las pensiones de los jubilados y las personas discapacitadas, que habían sido aprobadas por el Congreso en julio, con la publicación de un decreto en el Boletín Oficial.
«El presidente de la Nación, Javier Milei, ha vetado los proyectos que el Congreso aprobó recientemente de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal», expresa la Oficina del Presidente en un comunicado oficial.
El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial veta en su totalidad tres leyes aprobadas el 10 de julio, al argumentar que fueron sancionadas por el Senado con “graves vicios reglamentarios”, al no cumplirse los procedimientos y aprobarse con mayorías incorrectas.
Además, la Presidencia argentina señala que las medidas generarían un aumento estructural y permanente del gasto, lo que -a su juicio- obligaría a realizar emisiones monetarias, subida de impuestos y endeudamiento.
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Una de las iniciativas estableció un incremento «excepcional y de emergencia» del 7,2% para las jubilaciones, que hoy sitúan a los adultos mayores de Argentina al límite de la línea de pobreza.
El Congreso también restituyó la moratoria previsional, un recurso que amplía la cobertura social y permitía obtener una pensión a quienes no cumplen con la cantidad de años suficientes de trabajo registrado.
Por último, se aprobó una ley que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta finales de 2027, lo que obligaba al Gobierno a garantizar la financiación adecuada de las pensiones por discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector.
Estas leyes implicarían, según el Gobierno, un gasto adicional de más de siete billones de pesos (5.133 millones de dólares) para este año y cerca de 17 billones de pesos (12.467 millones de dólares) para 2026.
«Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y del 1,68% del PBI estimado para el año entrante», aseguró el Gobierno.
Una vez publicado el decreto del veto presidencial, se abrirá el proceso para revertir la decisión de Milei y dejar firmes las leyes, para lo cual cada una de las dos cámaras del Congreso necesita los votos de al menos dos tercios de sus integrantes, reseña SWI.
Ante la posibilidad de que, adicionalmente, se traten proyectos que aumenten el gasto en salud y educación universitaria, el Gobierno convocó a sus aliados políticos, quienes el pasado 10 de julio votaron a favor de los aumentos de jubilados y discapacitados, a oponerse a estas nuevas iniciativas.
En Argentina el 63,5% de los retirados cobra la jubilación mínima, que en el mes de agosto llegó a los 384.300 pesos (279 dólares).
Una persona con vivienda propia necesita un ingreso no menor a 365.177 pesos (265 dólares) para no ser considerada pobre, según datos oficiales.
Pero, de acuerdo a cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, el ingreso mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza sería de 1.200.523 pesos (873 dólares) para los adultos mayores, cuyos gastos en salud, entre otros, son superiores a los del resto de la sociedad.
