La ONG Provea denunció que tribunales penales de Venezuela se negaron a recibir un recurso de habeas corpus para conocer el paradero de la activista Martha Grajales, a quien denuncia como detenida desde el viernes, dijo este domingo a EFE el abogado de la organización Marino Alvarado.
«Se negaron a recibirlo (el recurso). Más de siete horas esperando y los funcionarios nos dijeron que estaban consultando si lo podían recibir», indicó Alvarado, en referencia a lo ocurrido este sábado, cuando él y el esposo de Grajales, Antonio González, acudieron al Palacio de Justicia en Caracas, suscribe Alberto News.
El abogado anticipó que este lunes acudirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para tratar de introducir el recurso y así conocer el paradero de Grajales, cuyo sitio de reclusión, según varias ONG, es desconocido.
Sobre el habeas corpus, explicó que está regulado en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal y es «una acción judicial para indagar por qué una persona fue detenida, dónde se encuentra y en qué condiciones».
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«Está muy asociado a situaciones de desaparición forzada cuando las autoridades no han informado dónde tienen detenida a la persona ni informado los motivos de la detención», añadió Alvarado.
Este sábado, Provea subrayó que «la recepción y admisión de la acción de habeas corpus no es un acto discrecional, es un derecho consagrado en el artículo 27 de la Constitución nacional y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal».
En ese sentido, agregó, las autoridades judiciales «están en la obligación» de cumplir lo establecido en la Constitución y la ley y «garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva».
De acuerdo a varias ONG, Grajales fue detenida luego de participar en un «acto de desagravio» a las afueras de las oficinas de la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares de presos políticos que fueron agredidos el martes durante una vigilia en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
