La ONG venezolana, Acceso a la Justicia, describió este viernes las irregularidades que se presentaron en la designación de nuevos representantes para el Poder Ciudadano por parte de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro.
“El pasado 10 de octubre la AN ordenó la conformación del Comité de Postulaciones para la renovación de las autoridades del Poder Ciudadano, integrado solo por 13 diputados. Desde entonces a la AN solo le llevó 20 días para ratificar a Saab y Ruíz como Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo, respectivamente, y nombrar a Gustavo Vizcaíno como el nuevo Contralor General de la República”, recordó la ONG.
A juicio de la organización, la designación de las mencionadas autoridades no está conforme a la CRBV (art. 279) y la legislación del Poder Ciudadano (art. 23) que exigen la participación de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones.
“Ante este incumplimiento la AN al mismo tiempo ignoró lo previsto en el artículo 62 de CRBV que establece expresamente el derecho que tiene todo ciudadano a participar en los asuntos públicos del país. Además, es inconstitucional que la AN ratificara en el cargo al actual Defensor del Pueblo, ya que el artículo 280 de la CRBV establece expresamente que es por un único período de siete años”, puntualizó.
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Denunciaron que nunca se dio a conocer los criterios, metodología o baremo utilizados para evaluar las credenciales de los aspirantes.
“Las designaciones de los titulares del Poder Ciudadano por parte de la AN están al margen de la CRBV, lo que supone una vulneración al principio de supremacía constitucional (art. 7), y por ende, al Estado de derecho”, finalizó la comunicación de la ONG.
