La Casa Blanca excluyó a los demócratas de la sesión informativa clasificada sobre los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, una política que ahora se extiende en relación al enorme despliegue militar cercano a las costas de Venezuela.
El senador de Virginia, Mark Warner, demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, calificó esa medida como «indefendible y peligrosa». Y agregó que el actual sistema está diseñado para que el presidente Trump ordene cualquier tipo de acción militar sin necesidad de aprobación bicameral.
Otra demócrata, la senadora Tammy Duckworth, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas, declaró la semana pasada su «disgusto» por las supuestas reuniones informativas secretas que eximen a los demócratas de la conversación sobre seguridad nacional.
Según el periodista Darius Radzius, del portal Military.com, un alto funcionario de la administración Trump, quien habló bajo condición de anonimato, «afirmó que el Congreso no ha recibido información sobre las acciones de la administración y su justificación legal». Lo que ha generado que los demócratas quieran agilizar una nueva Resolución sobre Poderes de Guerra, para reafirmar la autoridad del Congreso sobre el uso de la fuerza.
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«La actividad reciente, relacionada con ataques marítimos y movimientos de buques de guerra cerca de Venezuela, ha planteado interrogantes sobre los objetivos a largo plazo de la administración y ha puesto de relieve la rapidez con la que podría evolucionar la misión», escribe el periodista Radzius.
Pero la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha dicho que “todas las acciones cumplen plenamente con el derecho aplicable a los conflictos armados”. Mientras, los demócratas insisten en que han recibido información “muy superficial” sobre los planes futuros relacionados con Venezuela y Sudamérica.
«No podemos permitir que ningún presidente arrastre unilateralmente a Estados Unidos a un conflicto», declaró Himes en declaraciones a Military.com. «Las decisiones de guerra corresponden al Congreso y al pueblo estadounidense», agregó. «La transparencia y la rendición de cuentas son innegociables cuando están en juego las vidas de los estadounidenses y la estabilidad mundial».
Pero el Pentágono insiste en que la misión actual es limitada y está legalmente justificada: “Estos ataques, ordenados por el presidente, se llevaron a cabo contra las operaciones de una organización terrorista designada y se llevaron a cabo en defensa de intereses nacionales vitales de Estados Unidos y en la autodefensa colectiva de otras naciones”, declaró el portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, a Military.com.
Afirmó que los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y enfatizó que no se desplegaron fuerzas terrestres estadounidenses. Añadió que se utilizaron objetivos de precisión y reglas de enfrentamiento estrictas para reducir el riesgo para civiles y personal estadounidense.
Con información de El Cooperante
