Este lunes los seguidores de Evo Morales en Bolivia inician la cuarta semana de bloqueosen carreteras que conectan al oriente y occidente del país sin asomo de diálogo entre las partes en conflicto. En la mañana se registraban 16 piquetes, siete menos que lo máximo registrado la semana anterior.
Pese a las pérdidas económicas y perjuicios que produce la medida de presión, el Gobierno y el evismo no se han sentado a dialogar para encontrar una salida democrática al conflicto. Antes de que inicie la protesta, la ministra de la Presidencia Marianela Prada, convocó al líder cocalero a un encuentro con el presidente pero éste declinó la propuesta. 22 días después, tanto el Gobierno como Morales hablan de diálogo pero ambos condicionan el encuentro.
La protesta el lunes 14 de octubre en respaldo a Morales que enfrenta una posible aprehensión por no haberse presentado a declarar ante la Fiscalía en una investigación que lo acusa de trata de personas y estupro. Con el paso de los días, se sumaron demandas de carácter económico y político; como la provisión de dólares y de combustible; y la validación de un congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) que ratificó el liderazgo de Morales y lo proclamó candidato a la Presidencia en 2025.
Más tarde se sumó el rechazo a la balacera policial que sufrieron vehículos en los que se trasladaba el ex presidente en una acción que consideran un intento de asesinato deliberado y que el Gobierno justifica argumentando que la comitiva de Morales se saltó un retén antinarcóticos, atropelló a un policía y abrió fuego contra los agentes.
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“Una vez más, reiteramos nuestra voluntad de diálogo para abordar temas que atañen al Órgano Ejecutivo”, manifestó Prada en el entendido de que la cuestión judicial que afecta a Morales se resuelve en el Órgano Judicial y lo relacionado al futuro del partido, al Órgano Electoral. Sin embargo, muchos bolivianos creen que no existe independencia de poderes y sospechan que hay un cierto nivel de injerencia del Gobierno.
La administración de Arce condiciona el diálogo a que los temas se enmarquen dentro de sus competencias y se levanten todos los piquetes. En el otro bando, exigen el “cese de la persecución política” contra Morales y “la represión” antes de llegar a un acuerdo.
Para la analista política, Ana Velasco, “Bolivia está secuestrada por intereses de unas pocas personas que están intentando definir sus candidaturas o la tenencia de la sigla” pero también por sectores de la oposición “que parece que están viendo de palco lo que está pasando y no ofrecen ningún apoyo”.
El viernes un operativo policial y militar permitió el despeje de algunas rutas y llevó al líder cocalero a sugerir a sus seguidores que levanten los bloqueos, un pedido que fue desatendido. De las 16 barricadas persistentes en el país, 15 están en Cochabamba y una en Santa Cruz. En paralelo, Morales inició una huelga de hambre de hambre indefinida que este lunes cumple su cuarto día.
Mientras la disputa entre ambos liderazgos se prolonga sin acuerdos, las consecuencias económicas golpea a los bolivianos. El viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, informó que las pérdidas ascienden a 2.109 millones de dólares debido a los bloqueos y la afectación puede prologarse, entre otras razones, porque la medida perjudica la campaña de siembra agrícola.
Según encuestas recientes, la principal preocupación de los bolivianos es la crisis económica que enfrentan desde hace más de un año, agudizada por este conflicto, y que genera incertidumbre sobre el futuro del país. La politóloga Velasco afirma que si bien los bloqueos están motivados por intereses políticos, están inmersos en un contexto de múltiples descontentos por la economía, la crisis judicial y las quemas forestales que este año que causaron un desastre ambiental sin precedentes.
Detenidos por conflictos
El viernes hubo un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y militares con manifestantes que realizaban un bloqueo en la localidad Parotani, en el departamento de Cochabamba. En el choque se aprehendió a 66 personas de las cuales 55 fueron trasladadas a La Paz.
Según el ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo del Castillo, los detenidos estaban en posesión de explosivos, cazabobos y otro tipo de armamento que iban a utilizarlos en contra de los efectivos del orden y serán investigados por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. También por tráfico de armas, tenencia o portación ilícita de armas, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, además de atentado contra los servicios públicos, asociación delictuosa y secuestro.
Según reportes de prensa, 30 personas fueron enviadas a prisión para cumplir detención preventiva.
Con información de Infobae
