En 2023, 871 personas, en su mayoría de raza negra, murieron en Río de Janeiro producto de violencia policial, lo que representa un fallecimiento cada 11 horas, según información del último boletín difundido este jueves por la Red de Observatorios de Seguridad.
El documento, titulado “Objetivo piel: muertes que revelan un patrón”, señala que el 98% de las víctimas fueron hombres, el 86,9% de raza negra y que 403 de las muertes registradas se encontraban entre los 12 y los 29 años.
En su quinta edición, el informe revela que es la primera vez desde que comenzaron a recopilar datos que Río de Janeiro cierra el año por debajo de las mil muertes, siendo que en 2019 había informado más de 1.800 muertes.
Para la Red, una de las principales hipótesis de esta reducción se debe a un cambio en la política nacional de seguridad, que pasó “de una noción más conservadora a una más progresista”, a partir de la toma de posesión del actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en enero de 2023.La Policía de Río de Janeiro (EFE/Andre Coelho/Archivo)
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La política de seguridad pública es una atribución de los estados brasileños y Río de Janeiro está gobernado por el conservador Claudio Castro, quien, según el informe, reforzó el control de las fuerzas de seguridad “para construir una buena relación política con el nuevo gobierno federal” de corte progresista.
Asimismo, el informe aclaró que “disminución no es mejora” y que todavía es necesario “una seguridad pública seria, dirigida a cuidar el bienestar de las personas, principalmente más victimizadas”.
Las cifras del informe, que se refieren a nueve de los 27 estados de Brasil, revelan un incremento de casi el 22% de muertes producto de la acción policial en San Pablo, la región más poblada de Brasil.
A lo largo del año, se registraron 510 víctimas mortales en San Pablo, de las cuales 66% son negras y el 52% se encuentra entre los 12 y los 29 años.
Para las organizaciones, “las acciones del actual Gobierno” regional, encabezado desde 2023 por el conservador Tarcísio de Freitas y que redujo la inversión en los programas de prevención, “incluyendo las cámaras corporales”, son la principal causa de este incremento en el estado.
La coordinadora de la Red, Silvia Ramos, afirmó que muchas de estas muertes se producen “bajo la justificación de reprimir el narcotráfico” y destacó la importancia de estos datos para incentivar “un debate público sobre el racismo en la seguridad”.
Las cifras del informe fueron obtenidas a través de la Ley de Acceso a la Información de las Secretarías de Seguridad Pública y organismos relacionados, en nueve estados: Amazonas, Bahía, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Río de Janeiro y San Pablo.
(Con información de EFE)
