El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó este jueves que en Venezuela el Estado no garantiza los derechos humanos y políticos de las personas detenidas en los distintos centros de reclusión, debido a la inexistencia de políticas públicas para abordar la crisis carcelaria que atraviesa el país.
El abogado y director del OVP, Humberto Prado, señaló durante la presentación del informe “Derechos políticos de la población reclusa”, que solamente 38 de 52 cárceles construidas se encuentran operativas, consecuencia de las tomas y cierres de algunos centros durante 2023 como parte del “plan de revolución judicial”.
De acuerdo con el informe, que documenta la situación, en los centros carcelarios de Venezuela hay un total de 30.332 personas privadas de libertad, de los cuales 20.626 son condenados y 9.706 son procesados.
A esto se suman 22.237 personas privadas de libertad que permanecen en centros de detención preventiva.
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Ante esta situación, Prado aseveró que la dictadura chavista ha cerrado inexplicablemente 14 cárceles, “dejando a los calabozos policiales como centros penitenciarios, lo que trae una tremenda incomodidad para las personas encargadas de la seguridad ciudadana, como si eso fuera una solución”.
“Un policía está formado para la seguridad ciudadana, no para estar cuidando a personas privadas de libertad”, enfatizó el abogado.
El Observatorio determinó que, en lo que va de año, se ha registrado un hacinamiento crítico en los centros penitenciarios, “debido a que la población reclusa sobrepasa 154,6% de la capacidad instalada”.
Derecho al voto
En cuanto al ejercicio del derecho al voto de los procesados y condenados durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, Prado recordó que una persona privada de libertad «no pierde sus derechos políticos, a menos que exista una sentencia debidamente firme y se contemple una pena accesoria de inhabilitación política».
Asimismo, puntualizó que, en Venezuela, “el debate sobre los derechos políticos de la población reclusa ha estado históricamente relegado, en gran parte debido a las condiciones carcelarias y la visión social que asocia la privación de libertad con la pérdida total de derechos.
“Sin embargo, la realidad jurídica y los principios de derechos humanos apuntan a una discusión más matizada, especialmente en lo que respecta a los derechos políticos de quienes se encuentran privados de libertad”, añadió.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones expuso que lamentablemente la reclusión se confunde, “una persona privada de libertad no pierde el derecho al voto mientras se investiga si es culpable o inocente. Sus derechos se mantienen intactos hasta que la sentencia quede firme”.
El informe también muestra que se han identificado al menos 42.863 personas privadas de libertad, tanto en cárceles como en calabozos policiales, que tienen derecho al voto.
Pese a esto, en los comicios del 28 de julio, las autoridades competentes en materia penitenciaria y electoral “no ofrecieron oportunamente información sobre el número de reclusos que podían sufragar”, dijo Prado.
Con información Efecto Cocuyo
