La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Suramérica condenaron este jueves la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil y pidieron al Estado proteger sus derechos territoriales.
En un comunicado conjunto, los organismos señalaron que la ola de violencia está alimentada por los «insuficientes avances» en la regularización de tierras indígenas y la incertidumbre jurídica que existe alrededor del tema.
Particularmente, la CIDH y la ONU expresaron su «profunda preocupación» por casos ocurridos en los estados de Bahía, Paraná y Mato Grosso do Sul, donde comunidades indígenas han sido objeto de ataques por parte de actores privados y fuerzas policiales por el conflicto de tierras.
Estos ataques «han resultado en desplazamientos forzados y la muerte trágica de varios» indígenas «que defendían sus tierras», señala el comunicado.
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Entre las víctimas relacionadas por los organismos están los líderes del pueblo pataxó hã-hã-hãe, Lucas Santos de Oliveira, asesinado en diciembre de 2023 y María de Fátima Muniz de Andrade, conocida como Nega Pataxó, muerta en enero de este año, así como Neri Ramos da Silva, del pueblo guaraní kaiowá, asesinado el 18 de septiembre.
De acuerdo con los organismos, además de los insuficientes avances en el proceso de delimitación de tierras, la situación se complica por un problema jurídico surgido por el denominado Marco Temporal, una tesis defendida por legisladores que pretende limitar los derechos de los indígenas a las tierras que ocupaban el 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución brasileña.
El Congreso aprobó el año pasado una ley que establece el Marco Temporal, pero esa tesis había sido declarada inconstitucional previamente por la Corte Suprema, que ahora ha instaurado una mesa de conciliación para resolver el problema.
La demarcación de tierras indígenas, una obligación del Estado según la Constitución, estuvo suspendida entre 2019 y 2022, durante el mandato de Jair Bolsonaro, y se retomó el año pasado con la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva al poder.
Sin embargo, de los catorce territorios listos para demarcación, el Gobierno hasta ahora ha regularizado diez y los otros cuatro están pendientes de una negociación.
Frente a la situación, la CIDH y la ONU instaron a Brasil a adoptar medidas «inmediatas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar» las acciones que atenten contra la integridad de los indígenas en el país, «ya sean perpetradas por terceros o por agentes del Estado».
Los organismos recordaron que los pueblos indígenas tienen derecho a vivir «libres de violencia, discriminación y explotación» lo que incluye «la salvaguardia de su cultura, territorio y libre determinación».
Con información de EFE
