La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), exhortaron al régimen de Nicolás Maduro a tomar medidas concretas e inmediatas para proteger al pueblo Yanomami.
La CIDH expresó durante su exposición su preocupación ante la situación que les afecta en territorio venezolano como la minería ilegal y su impacto ambiental, aumento de la violencia y la propagación de enfermedades infecciosas.
Hechos que han sido denunciados por líderes indígenas Yanomami, que se han visto obligados a abandona sus tierras de manera forzada, producto de la presencia de grupos irregulares de Brasil y Colombia, que a su vez inciden en el aumento de la violencia en estados como Delta Amacuro, Amazonas y Bolívar.
Además del desplazamiento forzado, los integrantes de esta etnia son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y otras formas de esclavitud; lo que causa que el modo de vivir tradicional de este pueblo indígena y su propia existencia vaya desapareciendo.
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A esto se le suma, la crisis sanitaria que afecta a Venezuela por la contaminación de las aguas con mercurio, que se ha convertido en una crisis ambiental que afecta las fuentes de alimentación y generan enfermedades infeccionas en la comunidad Yanomami.
Entre ellas tuberculosis, diarreas, hepatitis y enfermedades de trasmisión sexual y otras que son prevenibles con vacunas como la malaria, que ya dejó al menos 390 fallecidos en dos años.
La CIDH exigió también a las autoridades venezolanas que adopten medidas lo más pronto posible «para prevenir, investigar y sancionar acciones que amenacen la vida y la integridad del pueblo Yanomami, ya sean perpetradas por terceros o agentes estatales».
Asimismo, pidieron a las instituciones del Estado, que hayan sido creadas para promover y defender los DDHH, funcionen de forma independiente.
En marzo de este año, representantes de organización Horonami, que agrupa a los pueblos yanomamis del Alto Orinoco, en el estado Amazonas), denunciaron que al menos 260 personas de sus comunidades han muerto entre enero de 2023 hasta esa fecha producto de enfermedades como malaria, tuberculosis y desnutrición.
Con información de Tal Cual
