Familiares de menores de edad detenidos en el contexto de las protestas desatadas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela entregaron este lunes un documento a Unicef en Caracas, en el que piden a la agencia de la ONU que interceda para que sean liberados los 70 niños y adolescentes que -aseguran- permanecen encarcelados, así como para verificar en qué condiciones se encuentran.
Las capturas se produjeron en los días posteriores a las presidenciales, cuando miles de venezolanos salieron a protestar contra el resultado oficial de los comicios, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la victoria a Nicolás Maduro, mientras que el bloque opositor mayoritario, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste en que el ganador fue su abanderado, Edmundo González Urrutia.
De los 142 menores que, según el documento, fueron capturados, 70 continúan en centros de reclusión, donde -aseguran los familiares- «viven en condiciones infrahumanas no aptas para su edad y condición, en violación de los estándares internacionales».
Los allegados de los menores -acusados de terrorismo e incitación al odio, entre otros delitos- explicaron que estas condiciones «incluyen hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos de salud, alimentación deficiente y falta de protección frente a abusos físicos y psicológicos».
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Además, advirtieron a Unicef de la situación «alarmante de los niños y jóvenes» quienes -insisten- «están siendo injustamente detenidos» y pidieron ayuda urgente para su liberación.
Entre los familiares, se encontraba Nérida Ruiz, quien manifestó que su hijo, de 16 años, fue detenido en su casa el 31 de julio y se le imputan los delitos de «terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y hurto calificado», ya que, además, fue culpado por el robo de una moto, que la madre niega.
Por su parte, Katherine Martínez explicó que su esposo fue citado al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), a donde acudió el día 4 de agosto junto a su hija, de 17 años, quien fue detenida en el lugar.
«Fuimos a acompañarlo (a su esposo), nos hicieron entrar al CICPC (..). Nos dijeron: ‘es ella la que se queda porque está en un grupo de WhatsApp’. Mi hija está detenida por estar en un grupo de WhatsApp», aseguró, sin precisar los motivos de la citación a su esposo.
Martínez señaló que «están pidiendo para ella 10 años (de cárcel)» por el delito de «incitación al odio».
Según el Gobierno, durante la crisis poselectoral se registraron 27 muertes, de las que las autoridades responsabilizan a la oposición, y más de 2.400 personas fueron detenidas.
Sin embargo, el antichavismo señala a los cuerpos de seguridad del Estado de represión y violencia contra los manifestantes.
Con información de EFE
