La ONG SOS Orinoco denunció este martes 29 que efectivos militares cobran 16 gramos de oro por permitir asentarse a centenares de mineros ilegales en la zona de Atabapo, en el estado Amazonas.
En una publicación en redes sociales, la organización destacó que en la bulla de oro en la zona de Cárida, municipio Atabapo, los funcionarios de la Guardia Nacional hacen cobros semanales a los mineros ilegales para permitir su permanencia.
SOS Orinoco constató que esta mina ilegal creció 13 hectáreas entre los meses de julio y septiembre de 2024. En esa zona viven al menos 1.200 personas, que operan 123 máquinas para extraer el oro. Subrayó que «todos los jefes militares y civiles locales son parte del negocio». Ese municipio está gobernado por la alcaldesa Weissira Suárez, del Partido Socialista Unido de Venezuela.
El grupo conservacionista aseguró que esta «es otra prueba más de que la supuesta lucha del régimen de Nicolás Maduro contra la minería ilegal es una farsa: todas estas son minas en plena expansión en manos de los mineros que estaban en el parque nacional Yapacana y con el visto bueno de los militares».
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También manifestaron que esperan «que un comandante honesto y patriota ponga fin a estos crímenes ecológico y a la corrupción».
El pasado 21 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado venezolano a que adopte medidas «concretas e inmediatas» para defender al pueblo yanomami ante la minería ilegal y su impacto ambiental, el desplazamiento forzado, el aumento de la violencia y la propagación de enfermedades infecciosas.
La CIDH expresó su preocupación por los hechos que denunciaron los mismos líderes indígenas yanomami sobre lo que ocurre en su entorno donde deben salir de sus tierras a otros lugares de manera forzada, producto de la presencia de «garimpeiros» y el avance de grupos irregulares de Brasil y Colombia, que a su vez inciden en el aumento de la violencia en estados como Delta Amacuro, Amazonas y Bolívar.
Con información de Tal Cuál
