El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles un proyecto de reforma constitucional para sacar de las cárceles a presos de los llamados grupos de atención prioritaria, pertenecientes a sectores de población vulnerable como mujeres embarazadas, personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas o de alta complejidad.
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó en un comunicado de que el mandatario ha presentado «una reforma parcial a la Constitución con la finalidad de eliminar de la categoría de grupos prioritarios a las personas privadas de libertad».
Noboa, en su propuesta, busca que se reformen los artículos 35 y 51 de la carta magna ecuatoriana, por lo que su reforma irá primero a revisión en la Corte Constitucional y luego a la Asamblea Nacional (Parlamento).
El artículo 35 de la Constitución señala que «las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado».
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Según la Defensoría del Pueblo, los grupos de atención prioritaria son aquellos que históricamente, por su condición social, económica, cultural, política, edad u origen étnico se encuentran en una condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida.
El artículo 51 de la Constitución ecuatoriana, por su parte, reconoce los derechos de las personas privadas de la libertad, entre ellos el que no puedan ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria o garantizar la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.
Asimismo, que contarán con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral, que recibirán atención a sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.
Para el presidente Noboa, su propuesta esta guiada «por un sentido de justicia e igualdad en la distribución de los recursos y atenciones estatales, que debieron ser siempre prioritarios para toda la ciudadanía».
Esta es el tercer proyecto de reforma constitucional que el gobernante ecuatoriano presenta en las últimas semanas, después de que también haya propuesto permitir de nuevo la posibilidad de que bases militares extranjeras se instalen en el país y la cuestión de eliminar la financiación pública a partidos políticos.
Las cárceles de Ecuador han sido uno de los focos de la crisis de violencia que azota a Ecuador desde finales de 2020, y que le llevó a tener en 2023 el índice más alto de homicidios de Latinoamérica, con 47,2 por cada 100.000 habitantes, debido al auge de las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico.
En las cárceles ecuatorianas fueron asesinados más de 500 presos entre 2021 y 2023, la mayoría en una serie de masacres carcelarias a causa de enfrentamiento entre bandas rivales del crimen organizado.
En enero pasado, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, y decretó una serie de estados de excepción donde, entre otras acciones, militarizó las cárceles que se encontraban controladas por los grupos de delincuencia organizada.
Con información de EFE
