Poco antes de las elecciones del reciente 28 de julio, el presidente y entonces aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, llegó con su esposa, Cilia Flores, a un evento de su campaña electoral en el Teatro Teresaa Carreño de Caracas a bordo de un Tara, un vehículo de fabricación iraní.
El sedán de cuatro puertas, colores plata y morado, llevaba el rótulo de Ridery, la aplicación made in Venezuela que ofrece servicios de movilidad privada similares a los de Uber o Lyft, conocidos en inglés como ride-sharing y en español como VTC (siglas de vehículo de turismo con conductor).
Aquel guiño de Ridery con el gobierno de Maduro parece haber seguido una lógica elemental, la de agradar al proveedor de los vehículos iraníes que hoy son parte de su flota. Con la salvedad de que los carros no fueron parte de una adjudicación hecha directamente por el gobierno venezolano, sino que fueron comprados por Ridery a una empresa privada de nombre Aiko Motors, que funge como una especie de concesionaria privada del Ministerio de Transporte venezolano.
Poco antes de las elecciones del 28 de julio, el presidente y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, llegó con su esposa Cilia Flores a un evento de campaña electoral como pasajero de un vehículo sedán de fabricación iraní -modelo Tara- rotulado con el nombre y logo de Ridery, la aplicación made in Venezuela que ofrece servicio de taxi al estilo Uber o Lyft.
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El ministro de esta cartera, Ramón Velásquez Araguayán, fue uno de los entusiastas anunciantes, en enero de 2023, de que serían importados al país 3.000 vehículos de las marcas Ikco y Saipa provenientes de la República Islámica de Irán. El titular lo promocionó como “vehículos iraníes a bajo costo para los venezolanos” enmarcados en la Gran Misión Transporte Venezuela y que formaban parte de un acuerdo de cooperación firmado por Maduro y el presidente iraní, Ebrahim Raisí, durante una visita oficial del mandatario venezolano a Teherán en junio de 2022.
El propio Maduro había adelantado la reactivación de ese proyecto binacional en la inauguración de la Expo Feria Científica, Tecnológica e Industrial Irán-Venezuela en septiembre de 2022 en el Poliedro de Caracas. En ese momento habló de resucitar a Venirauto, la empresa de capital mixto lanzada en 2006 como el gran proyecto industrial automotriz de los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, e Irán, Mahmoud Ahmadinejad, para el que se instaló una línea de ensamblaje que, entre insumos y mano de obra de ambos países, proveería una oferta de 25.000 vehículos al año. A la postre, Venirauto naufragó en 2015 sin cumplir las metas de ensamblaje masivo local.
Pero la llegada de los preconizados carros iraníes de la Gran Misión Transporte Venezuela anunciada en enero de 2023 ni terminaron ensamblados en Venezuela como prometió Maduro, ni se convirtieron en el estandarte del programa social que contribuiría a compensar el desvencijado parque automotor nacional. En cambio, los cientos de carros de fabricación iraní listos para usar que llegaron al país estuvieron durante más de un año estacionados, llevando sol, agua y salitre, en el estacionamiento del aeropuerto internacional Simón Bolívar. Nunca hubo explicación oficial para aquella inamovilidad, pero hacia abril de ese año el comentario generalizado era el de “no saben dónde guardarlos” o “allí les está cayendo salitre” por su proximidad al mar Caribe y al puerto marítimo en el estado de La Guaira.
Poco a poco se han ido retirando los vehículos estacionados en ese descampado, pero tampoco fueron puestos a la venta de un modo accesible para la población venezolana, acosada por la constante inflación, devaluación del bolívar y dolarización de la economía. “¡Qué va! Ninguno de nosotros pudo comprar esos carros. Nadie tenía para pagar 12.000, 14.000 o 16.000 dólares de contado y el financiamiento que ofrecían nos salía demasiado costoso. Al final eso se lo repartieron entre unos cuantos, que si Ridery, que si Conviasa y otro poco se los agarraron para el ministerio del Transporte”, comenta resignado J.M., un conductor de una línea de taxis histórica de Caracas, consultado para este reportaje.
Lejos entonces de generar empleo en materia de ensamblaje o acceso en cuotas para facilitar su compra, los carros iraníes tampoco fueron comercializados por el Estado venezolano. En cambio, trastocó en un negocio protagonizado por una empresa privada de un solo propietario, de creación reciente y trayectoria desconocida en el sector automotriz: Aiko Motors CA. Una firma que habría movido más de 42 millones en ventas en los últimos dos años si se toman en cuenta los precios de venta al público y la cantidad de vehículos que arribaron al país.
