El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) manifestó su preocupación por la situación que viven las mujeres que están privadas de libertad en las cárceles y calabozos policiales del país, al alertar que son invisibilizadas y sometidas a distintos tipos de violencia por parte del Estado.
Para el OVP, las mujeres que están bajo esta condición se enfrentan a una situación de vulnerabilidad extrema donde se han visto obligadas a mantener relaciones sexuales con los custodios de las cárceles o los efectivos de la Guardia Nacional para obtener beneficios y medio mejorar sus condiciones durante su tiempo en prisión; lo que es una violación grave a los derechos humanos.
Junto a esto, están en inadecuadas condiciones de reclusión; son humilladas, no comen bien y no tienen agua suficiente para asearse. Advierten además que no tienen acceso a toallas sanitarias o tampones para cuando les llega la menstruación y mantener su higiene, lo que agrava su condición de exclusión y de maltrato.
En Venezuela solo existe una cárcel para mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). El resto son anexos femeninos improvisados, que ni siquiera cumplen con los estándares mínimos de reclusión y tampoco atienden las necesidades particulares de las mujeres.
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Actualmente en el INOF se encuentra el 28% de las mujeres privadas de libertad en Venezuela, con un total de 650 mujeres y un hacinamiento crítico de 185,71%.
El director del OVP, Humberto Prado, dijo que el impacto que tiene esta violencia ejercida contra las mujeres también la viven los familiares, quienes se ven obligados a pasar por maltratos verbales, requisas con tocamientos contra su voluntad, entre otras cosas.
De estos recintos, dijo el OVP, se cuentan al menos 16 en todo el país que no están adecuados para albergarlos porque son «infraestructuras improvisadas que se encuentran adosadas a las cárceles masculinas» y que están desprovistos de las condiciones y parámetros para cumplir con la perspectiva de género.
El problema se agrava porque las requisas las hacen personal masculino del Grupo de Respuesta Inmediata del Servicio Penitenciario, que no respeta la privacidad de las mujeres retenidas, las maltratan y destruyen sus pertenencias.
Más recientemente, en el contexto de las mujeres detenidas arbitrariamente durante la represión poselectoral, las mujeres recluidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, ubicado también en el estado Miranda, enfrentan condiciones particularmente críticas. Allí, se han registrado denuncias de abusos sexuales cometidos por custodios o efectivos de la Guardia Nacional, además de una evidente negligencia en la atención a sus necesidades básicas.
OVP denuncia opacidad en casos penitenciarios
El OVP también denunció que existe opacidad por parte de los organismos del Estado en torno a las decisiones tomadas de forma improvisada y sin previo aviso por parte de las autoridades, luego que familiares de los detenidos postelectorales denunciaran la suspensión de visitas en el Internado Judicial Capital «Rodeo I».
De acuerdo con el diario El Impulso, los familiares temen que se estén dando traslados masivos sin previo aviso debido a la presencia de un fuerte dispositivo de seguridad, incluyendo vehículos militares y un helicóptero en la zona.
Es importante recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas provisionales para proteger la vida e integridad de los internos del Rodeo I, debido a las graves condiciones de hacinamiento y violencia que se han registrado en este penal. A pesar de ello, el Estado venezolano ha incumplido reiteradamente estas medidas, demostrando una clara falta de voluntad para garantizar los derechos de los presos políticos.
Con información adicional de Nota de prensa
