El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este miércoles que se elevó a cuatro la cifra de manifestantes pacíficos cubanos muertos en prisión, después de su participación en las históricas protestas de julio de 2021, más conocidas como 11J. “Es un exterminio”, remarcaron.
El caso más reciente es el del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas, quien murió el pasado 30 noviembre tras una golpiza, según denunciaron sus familiares. El joven, de 29 años, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide cumplía una condena de seis años de privación de libertad por el falso delito de “sabotaje”, en la prisión Combinado del Este, de La Habana.
Su primo Yan Franco denunció que los guardias de la cárcel le propinaron la golpiza, y luego dijeron a los familiares que el joven se había quitado la vida.
Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH y ex prisionero político de la Primavera Negra de 2003, manifestó a Infobae: “La situación de los presos políticos es crítica entre tanta injusticia y tratos crueles. Si el 89% de la isla vive en la extrema pobreza, imaginémonos las condiciones de las personas que están en las cárceles, producto de la venganza política del régimen”.
Artículos Relacionados
Y completó: “Es inadmisible que estos crímenes se estén cometiendo ante la indiferencia internacional. Hoy mismo hay personas encarceladas con un estado de salud delicado”.
El caso de Guillén Esplugas se sumó al de Luis Barrios Díaz, fallecido tras irregularidades y negligencias por parte de las autoridades penitenciarias en relación con su grave situación de salud. Barrios, de 37 años, murió el domingo 19 de noviembre de 2023 en el Hospital La Covadonga, en La Habana, como consecuencia de complicaciones respiratorias.
Había presentado síntomas preocupantes desde agosto. Fue internado en la enfermería de la prisión 1580, de San Miguel del Padrón, y más tarde trasladado al citado hospital. No obstante, a pesar de las advertencias médicas, las autoridades decidieron retornarlo a la prisión. En enero de 2022 había sido condenado a nueve años de cárcel por su participación en las manifestaciones del 11J, acusado de supuestos delitos de desorden público y atentado, detalló el OCDH.
También recordó que, el 26 de agosto de 2024, el preso político Yosandri Mulet Almarales, de 37 años, falleció en el hospital habanero Julio Trigo, luego de haber intentado quitarse la vida cuatro días antes.
Mulet Almarales cumplía una condena de 10 años por las protestas del 11 y 12 de julio en La Güinera, La Habana. Padecía trastornos mentales. En junio de 2022 había intentado también terminar con su vida en la prisión Combinado del Este, pero la institución penitenciaria se negó a otorgarle una licencia extrapenal.
En tanto, Gerardo Díaz Alonso, de 35 años y condenado a 14 de cárcel por su participación en las manifestaciones en Cárdenas, Matanzas, falleció el 17 de octubre de 2024, tras sufrir un infarto.
Díaz Alonso, padre de dos hijos, se encontraba recluido en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila.
“Es un exterminio. El régimen cubano está destruyendo la vida de los prisioneros políticos y de conciencia. Además de las injustas condenas, en las cárceles les someten a condiciones inhumanas, especialmente de salud y alimentación”, concluyó el Observatorio Cubano de DDHH.
