La ONG de Venezuela Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió al régimen de Maduro explicaciones sobre el reciente traslado de 29 mujeres presas políticas del estado Anzoátegui -tras las protestas postelectorales- a un centro penitenciario en el estado Miranda, lo que se traduce en más de 400 kilómetros de distancia de sus casas y familias.
«Exigimos información a las autoridades sobre las razones que motivaron los recientes traslados de presas políticas en Venezuela, específicamente de al menos 29 mujeres desde la sede de la PNB de Lechería, estado Anzoátegui, hasta Las Crisálidas, en Miranda, alejándolas de sus familias y sus sitios de residencia; así como el traslado de al menos 10 presas políticas desde la sede de la PNB de Los Guayos al anexo de mujeres de la cárcel de Tocuyito«, detalló la organización en su cuenta oficial en la red social X.
Destacó que «estos traslados se han realizado sin el conocimiento previo de sus familiares, lo que genera incertidumbre y angustia, y empeora la situación de estas mujeres privadas de libertad. Esta falta de comunicación no solo vulnera el derecho a la información, sino que también infringe las garantías procesales que deben ser respetadas en todo momento, tal como lo establece la legislación nacional e internacional«.
Ante esta situación la ONG instó «a las autoridades a garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas detenidas, así como a asegurar que se cumplan las normas de debido proceso. Es fundamental que se brinde información clara y oportuna a los familiares sobre la situación de las presas políticas, así como el acceso a asistencia legal y condiciones dignas de detención».
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