Huir de Venezuela por motivos políticos no es garantía de salvaguardar la integridad y la vida, por el contrario, el asesinato sistemático es una de las prácticas empleadas hacia los opositores venezolanos que abandonan su país.
El Tiempo
Así quedó registrado en el reciente informe de la ONG Coalición por los Derechos Humanos al que tuvo acceso este diario y que fue presentado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con el fin de que los países que la integran tomen medidas para la protección de refugiados y disidentes, no solo de Venezuela sino de otros regímenes de la región como Nicaragua.
“La represión transnacional, el acoso político más allá de las fronteras” es el título del informe que recoge 50 testimonios sobre la persecución a opositores, en su mayoría venezolanos y nicaragüenses.
Artículos Relacionados
Kelvi Zambrano, quien es parte del equipo coordinador de la Coalición por los Derechos Humanos, recuerda que este tipo de represión tiene como propósito perseguir a quienes se encuentran en el extranjero y acallar a los exiliados políticos.
Una de las principales razones obedece a que de esta manera buscan enviar un mensaje de miedo a los opositores que han huido a países como Colombia y Costa Rica, lugares donde se han presentado casos graves de este mecanismo de persecución y se evidencia “la manera en la que los Gobiernos de vocación autoritaria liderados por Nicolás Maduro y por Daniel Ortega han extendido sus mecanismos de represión en el exterior”, sentencia Zambrano.
Con esto, se busca silenciar y evitar la denuncia más allá de las fronteras, tal como sucedió con el teniente Ronald Ojeda, asesinado presuntamente por funcionarios de la contrainteligencia venezolana en Chile.
Ojeda era fundador e integrante del Movimiento por la Libertad y la Democracia, desde el cual suscribió un manifiesto en el que desconocía a Nicolás Maduro como presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, razón por la cual fue arbitrariamente detenido en el año 2017 y acusado de traición a la patria.
En noviembre del 2017 se fugó de la Cárcel Militar de Ramo Verde, lo que le permitió irse del país y refugiarse en la República de Chile.
No obstante, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por sujetos que portaban uniformes de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes se lo llevaron a la fuerza. Posteriormente, su cuerpo fue hallado el 1.° de marzo de 2024 y presentaba signos de tortura.
Las investigaciones del Ministerio Público de Chile han logrado evidenciar que los autores materiales del asesinato fueron sujetos vinculados al grupo criminal de origen venezolano Tren de Aragua al cual se les encargó el asesinato de Ojeda “como parte de una operación de represión política de naturaleza transnacional”, dice el informe presentado ante la OEA.
Así opera la persecución y asesinato de disidentes y opositores
Pero, si bien el caso del teniente Ojeda fue el más conocido en la región, no es exclusivo. Una situación similar ocurrió con Rodolfo Rojas Cordero, exdirigente de la resistencia nicaragüense que lideró las protestas en contra de la dictadura de Ortega-Murillo en el año 2018, en el municipio de Jinotepe en el departamento de Carazo.
Su activismo motivó su persecución por parte de los cuerpos de seguridad del Estado por lo que se vio forzado a exiliarse en Costa Rica.
El 25 de junio de 2022, el cuerpo de Rodolfo Rojas fue hallado con signos de tortura en la ciudad de Danlí en el fronterizo municipio de Trojes en Honduras.
De acuerdo con la información recabada, Rojas fue citado al norte de Costa Rica, donde sostendría una reunión con un ciudadano de nacionalidad estadounidense, quien supuestamente lo ayudaría a trasladarse a los Estados Unidos. Pero, una vez en el punto de encuentro, Rojas fue secuestrado y trasladado hasta Nicaragua donde fue entregado a personas vinculadas a grupos paramilitares que operan con el apoyo de la dictadura de Ortega.
“Todo esto es para evitar la internacionalización de la lucha democrática y la denuncia, para evitar que se sigan visibilizando las violaciones de derechos humanos”, insiste Zambrano, quien resaltó que durante la presentación del informe que Costa Rica fue uno de los Estados que mostró mayor disposición para asumir compromisos y evitar estas prácticas en su territorio.
Todo esto es para evitar la internacionalización de la lucha democrática y la denuncia, para evitar que se sigan visibilizando las violaciones de derechos humanos”
Kelvi zambranoDir. Coalición DD.HH.
Colombia, un territorio poco seguro para la disidencia venezolana
Zambrano explica que, en el caso de Colombia, la situación es compleja, especialmente porque el Gobierno de Venezuela -según el informe- utiliza la delincuencia organizada para perseguir y secuestrar a los opositores o disidentes.
Es el caso de la banda criminal Tren de Aragua, además de grupos guerrilleros como las disidencias de las Farc y el ELN, los cuales -según detalla el informe- “han colaborado con los organismos de contrainteligencia venezolanos para secuestrar, perseguir y amenazar a las personas y entregarlas en frontera”.
Sobre esta práctica, la Coalición por los Derechos Humanos reportó un caso de tres migrantes a quienes les llegó una supuesta citación de Migración Colombia, a la cual se negaron a asistir. Posteriormente, descubrieron que la institución no había emitido ninguna citación a su nombre y que era falsa.
Probablemente, lo que sucede – insiste Zambrano- es que estos grupos de inteligencia envían la citación para esperar a los opositores y luego secuestrarlos.
Constantemente, la disidencia venezolana en Colombia denuncia persecución y amenazas, además de retrasos en los procesos migratorios de asilo y refugio.
La ONG, que próximamente pedirá medidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de los disidentes, pide de momento a los Estados miembro tener en cuenta el peligro que representa para su soberanía albergar grupos de inteligencia de otro país en su territorio, así como evaluar a quiénes les entregan deportados de Venezuela o Nicaragua.
“Hay que adoptar buenas prácticas en las ciudades fronterizas, que es donde hay un tráfico de personas constantes y donde están estos grupos irregulares y de inteligencia y contrainteligencia ya que pueden entrar con facilidad eludiendo los mecanismos de seguridad”, insiste Zambrano.
La Coalición por los Derechos Humanos también pide a los Estados que implementen programas de formación en el que se instruyan a los funcionarios de los cuerpos de seguridad y a los jueces de migración sobre este fenómeno político que ha ido creciendo de manera alarmante en el continente.
