Arauca, Norte de Santander y La Guajira se alistan para la posesión presidencial en Venezuela. Aunque las unidades de inteligencia del Estado no han identificado alguna amenaza que ponga en riesgo el orden público, las autoridades locales pidieron aumentar la vigilancia para evitar emergencias.
El Ejército Nacional dispuso de 3.700 uniformados para poner la lupa sobre las fronteras, corredores que han sido utilizados por los grupos armados para transportar cocaína, armas de fuego, contrabando y secuestrados; allí delinquen los hombres de las disidencias de las Farc y del ELN.
El alcalde de Arauca, Juan Quezada, aseguró que la fuerza pública estará ubicada sobre la orilla del río que divide a los dos países y estará presta a proteger a los extranjeros que se sientan amedrentados por los chavistas. De momento, se mantendrá el paso por el puente internacional José Antonio Páez.
“En Arauca capital vamos a darle las garantías a los ciudadanos venezolanos que puedan ser violentados por el régimen de Maduro. Como alcalde capital, junto a la fuerza pública, no permitiremos la invasión o intromisión de nuestra frontera”, manifestó el mandatario en conversación con SEMANA.
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Por disposición del propio departamento, la Gobernación de Norte de Santander activó un puesto de mando unificado para monitorear la situación de este 10 de enero en Venezuela con participación de Migración Colombia, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Defensa Civil.
“Tenemos la experiencia y la capacidad para enfrentar escenarios complejos en la frontera. Este puesto de mando nos permitirá coordinar las decisiones necesarias para responder de manera eficaz a situaciones como cierres fronterizos, restricciones de transporte o posibles flujos masivos de personas”, dijo la entidad.
En el caso de La Guajira, habrá un aumento del pie de fuerza en policías y soldados. La excepción será en el municipio de Maicao, donde las autoridades locales tomaron la decisión de restringir el consumo de bebidas alcohólicas entre el jueves y sábado para tener el control del orden público.
“Entendiendo que el 10 de enero hay un evento político en el vecino país y nosotros somos los principales afectados en el momento de algún inconveniente, solicitamos ampliación del pie de fuerza, se va a decretar ley seca y vamos a convocar al PMU”, mencionó el secretario de Gobierno, Alain Andrioly.
Al otro lado de la frontera también hay un riguroso esquema de seguridad por cuenta de la Fuerza Nacional. Algunas ciudades han sido militarizadas por el régimen de Nicolás Maduro y ha aumentado la persecución hacia los líderes opositores, un escenario que preocupa a la comunidad internacional.
Una de las víctimas es el defensor de derechos humanos, Carlos Correa. Él fue interceptado el pasado martes por hombres encapuchados y obligado a montarse en una camioneta. La Relatoría Especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la detención arbitraria del también periodista.
El presidente Petro también se refirió a este caso: “Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impiden mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro”.
Hay expectativa por lo que ocurrirá el 10 de enero en el vecino país: Edmundo González viajará a Caracas a reclamar el mandato que la mayoría le asignó el 28 de julio y el chavismo se aferrará al poder con todo su arsenal de guerra, tal como lo han anticipado Maduro y sus hombres de confianza ante los medios de comunicación.
Con información de SEMANA
