Representantes de organizaciones políticas de Venezuela propusieron más de un centenar de fechas, que van desde junio hasta diciembre, para la celebración de las elecciones parlamentarias, regionales y locales, así como un referendo de reforma constitucional, según una nota difundida este viernes por el chavista Partido Socialista Unido (PSUV).
Las propuestas fueron presentadas en un encuentro con la Comisión Especial para la Revisión de Normas y Leyes Electorales del Parlamento -controlado por el chavismo-, celebrado para «definir las fechas, procesos y escenarios de los comicios de 2025», cuando también se espera la elección de concejales locales y de los miembros de los consejos legislativos regionales.
El diputado chavista Pedro Carreño, citado en la nota, señaló que las personas que «hayan promovido medidas coercitivas unilaterales y otras acciones punitivas no pueden participar en los comicios», planteamiento con el que coincidió la también legisladora del PSUV Carolina García, quien indicó que la Ley Libertador Simón Bolívar establece las «condiciones de inelegibilidad», entre ellas, el haber solicitado o respaldado sanciones contra el país o sus autoridades.
El martes, tras una reunión con delegados de distintos partidos y gobernadores, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anticipó que este año habrá «al menos nueve» votaciones que, aseguró, permitirán una «renovación de casi todos los cargos de elección popular», al vencerse los períodos.
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Aseguró entonces que las propuestas de posibles fechas se presentarán ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por el chavismo-, encargado de organizar y convocar los comicios.
Ese mismo día, el partido opositor Centrados en la Gente señaló como una «prioridad» la designación de un nuevo CNE, que sea «independiente y con plenas garantías de transparencia», antes de pensar en nuevos comicios, ya que -expresó- la «desconfianza en los procesos electorales es una herida abierta que no puede ser ignorada».
Esta y otras formaciones opositoras, además de ONG y gran parte de la comunidad internacional, han denunciado falta de transparencia por parte del CNE, que proclamó la reelección de Nicolás Maduro en los comicios de julio sin mostrar las pruebas de su controvertido triunfo, señalado como fraudulento por la mayor coalición antichavista, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.
