Los investigadores surcoreanos han pedido a los fiscales del país que acusen al presidente destituido, Yoon Suk Yeol, de rebelión, abuso de poder y obstrucción del Parlamento durante su breve orden de ley marcial del mes pasado, que sumió al país en el caos político.
La Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) acusó a Yoon de organizar un «motín» y de intentar socavar la Constitución cuando declaró la Ley Marcial el 3 de diciembre y envió tropas y policías a precintar la Asamblea Nacional. Lee Jae Seung, fiscal jefe adjunto de la CIO, dijo en una sesión informativa televisada que Yoon abusó de su poder como líder del país al movilizar tropas con un fin ilegítimo e intentar obstruir el derecho del Parlamento a votar sobre el fin de la Ley Marcial.
Yoon impuso brevemente una rara orden de ley marcial en Corea del Sur en diciembre, alegando la necesidad de «eliminar las fuerzas antiestatales». Justificó su decisión culpando sin pruebas a la oposición del país -el liberal Partido Democrático- de simpatizar con Corea del Norte.
Sólo seis horas después dio marcha atrás, después de que 190 legisladores entraran por la fuerza en el Parlamento, cerrado a cal y canto, para votar en contra del decreto, a pesar de la presencia de las fuerzas armadas de Yoon.
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Yoon ha mantenido firmemente que sus acciones pretendían lanzar una advertencia al Parlamento, controlado por la oposición, por su obstrucción a su agenda, y no interrumpir su trabajo. Sin embargo, desde entonces ha sido destituido como líder del país y se ha enfrentado a una reacción generalizada.
«Humillación» y abuso de derechos, según Yoon
La CIO ha dirigido una investigación sobre Yoon junto con las autoridades policiales y militares, y lo detuvo la semana pasada, el 15 de enero. La agencia puede investigar al presidente y a otros altos cargos, sin embargo no puede procesarlos y debe remitir cualquier caso a la Fiscalía. La detención de Yoon debe finalizar en torno al 28 de enero, pero la CIO espera que los fiscales pidan al tribunal que la prorrogue otros 10 días antes de acusar formalmente al presidente.
Yoon se ha resistido durante semanas a los intentos de la CIO de interrogarle y recurrió al servicio de seguridad presidencial para repeler un primer intento de detenerle. El exdirigente ha alegado que la investigación y su detención son ilegales. El equipo de defensa de Yoon también ha emitido un comunicado en el que acusa a la CIO de «humillar» a Yoon al intentar presionarle para que hablara con los investigadores, y de abusar de sus derechos humanos al impedirle ponerse en contacto con sus familiares.
En su primera comparecencia, Yoon negó haber ordenado a los militares que sacaran a los legisladores de la Asamblea Nacional para impedirles votar. Comandantes de unidades militares han rebatido su testimonio, alegando que Yoon les ordenó sacar a los legisladores.
