Desde que la dictadura de Nicolás Maduro se enquistó en el poder en Caracas, La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha sido una de las más conflictivas en el hemisferio occidental, caracterizada por sanciones económicas, acusaciones de conspiración golpista y la ruptura de relaciones diplomáticas desde 2019.
Con el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense, el enfoque hacia el régimen chavista promete ser un tema central en su política exterior. Durante su primer mandato, Trump implementó una estrategia de “máxima presión” que incluyó sanciones contra la industria petrolera y altos funcionarios venezolanos, además de reconocer a la oposición como la legítima representante del país.
En este nuevo periodo, Trump ha reiterado su postura crítica hacia Maduro, calificándolo como un dictador y sugiriendo posibles medidas adicionales, como la suspensión de las compras de petróleo venezolano. Estas declaraciones se producen en un contexto donde la administración del ex presidente Joe Biden ya había endurecido las sanciones tras acusar a Maduro de incumplir compromisos electorales. Por su parte, el mandatario venezolano ha rechazado estas acciones, calificándolas de ilegítimas y denunciando una “guerra económica” dirigida a paralizar al país.
Entre las figuras clave en la gestión de Trump hacia Venezuela destacan el secretario de Estado, Marco Rubio, conocido crítico del chavismo, y Richard Grenell, designado enviado especial, quienes han asumido una postura firme frente a Maduro. Ambos deben decidir sobre las licencias otorgadas a empresas como Chevron, que aún operan en Venezuela, y el fortalecimiento del apoyo a la oposición, liderada por Edmundo González, reconocido por Washington y el Parlamento Europeo como ganador de las últimas elecciones presidenciales venezolanas.
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Trump, quien ha manifestado “gran interés” en la situación venezolana, enfrenta el desafío de definir si continuará la política de embargos y sanciones de su primer mandato o explorará nuevas estrategias para presionar a Maduro y facilitar un cambio político en el país sudamericano.
Licencia Pivote
La administración de Trump está revisando una licencia que ha permitido a la petrolera estadounidense Chevron expandir las operaciones petroleras en Venezuela para recuperar deuda pendiente en el país, dijeron fuentes de la agencia Reuters.
La licencia de Chevron representa una fuente de ingresos constante para la administración de Maduro desde principios de 2023. El dinero ha impulsado la economía de Venezuela, especialmente sus sectores petrolero, bancario e industrial.
“Estados Unidos no necesita importaciones de petróleo venezolano,” dijo Trump, mientras que Rubio comentó al Senado que la licencia de Chevron necesitaba ser “reexplorada”. Sin embargo, no está claro que sea una prioridad de todos los funcionarios con opinión sobre el asunto. Hay que considerar también que algunas empresas europeas que recibieron autorizaciones estadounidenses similares, entre ellas la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, también podrían ver modificadas o canceladas sus licencias, lo que les dejaría menos margen para negociar cargamentos petroleros con la estatal PDVSA.
Transición Política
Washington ha dicho durante mucho tiempo que apoya las elecciones democráticas —verificadas por observadores— en Venezuela, y la administración Biden rechazó los resultados anunciados por el Consejo Electoral chavista de la votación de julio de 2024, reconociendo al opositor González como presidente electo.
Desde entonces, líderes de la oposición venezolana han estado empujando para que los funcionarios estadounidenses aumenten la presión sobre Maduro para que haya una transición política.
La líder de la oposición, María Corina Machado y González hablaron con Rubio la semana pasada, y Rubio llamó a González “el presidente legítimo de Venezuela”. Maduro, a quien tanto la autoridad electoral y el máximo tribunal de Venezuela le dieron la victoria en las elecciones, se ha burlado de la preocupación de Estados Unidos y otros países.
No es la primera vez que Estados Unidos ha dudado de la legitimidad de una reelección de Maduro. Reuters informó en 2020 que Grenell se reunió en secreto, sin ningún resultado, con un representante de Maduro para negociar la salida del líder venezolano del poder después de su reelección de 2018, considerada también como una farsa por la mayoría de los países occidentales.
Inmigración y Pandillas
Trump ha iniciado una amplia ofensiva contra la inmigración, prometiendo deportaciones masivas. Se espera que entre los deportados haya venezolanos, que han abandonado su país por millones, aunque no está claro a dónde podrían ser enviados si Venezuela no los acepta.
“Expulsaré de Estados Unidos a los miembros de la pandilla Tren de Aragua,” prometió Trump, mientras que el fiscal general venezolano, Tarek Saab, dijo la semana pasada que su país destruyó definitivamente la pandilla en 2023. Saab agregó que su oficina está dispuesta a reanudar la cooperación legal con Estados Unidos para extraditar a los miembros venezolanos de la pandilla.
Detenidos
No está claro exactamente cuántos estadounidenses o ciudadanos con doble nacionalidad están detenidos por Venezuela, pero los funcionarios venezolanos han hablado públicamente de al menos nueve estadounidenses y 150 “mercenarios” de 25 nacionalidades, pero no han dado detalles.
A fines de 2023, el Gobierno de Venezuela liberó a docenas de prisioneros, incluidos 10 estadounidenses, después de meses de negociaciones, mientras que Estados Unidos liberó al testaferro de Maduro, Alex Saab.
CITGO
Se prevé reorganizar una subasta de acciones de la matriz de Citgo Petroleum PDVSAC.UL para pagar unos 21.000 millones de dólares en reclamaciones por impagos de deuda y expropiaciones de Venezuela y PDVSA, después de que un proceso de venta que duró un año fracasó.
Un tribunal federal de Estados Unidos en Delaware está subastando las acciones de PDV Holding, una subsidiaria estadounidense de PDVSA y el único accionista indirecto de Citgo. El Gobierno venezolano ha caracterizado la subasta como un robo de activos nacionales, mientras que la oposición venezolana quiere que la disputa se resuelva según la ley de su país. El acuerdo de venta final debe ser aprobado por el Tesoro de Estados Unidos.
