En algo coinciden los demócratas y republicanos de Miami: no quieren que el presidente Donald Trump retire el Estatus de Protección Temporal (TPS) con el que viven en Estados Unidos cerca de un millón de emigrantes. La petición llega horas después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara oficialmente este martes que quedaba cancelada la protección de unos 300.000 venezolanos beneficiados en 2023.
En una votación bipartidista, la Comisión del Condado Miami-Dade —donde Trump ganó con el 55% de los votos frente a los 44% de Kamala Harris, y donde vive una gran comunidad de venezolanos y haitianos— pidió al actual presidente dar marcha atrás a una decisión que, según afirman, creará “inestabilidad innecesaria para las familias y las empresas” y pondría en riesgo la vida de muchas personas.
En un comunicado, el comisionado René García, expresidente del Partido Republicano del condado, anunció que había presentado “con orgullo” una moción “instando” a Trump y a Kristi Noem, la nueva Secretaria de Seguridad Nacional, “a mantener las designaciones” del TPS para los ciudadanos salvadoreños, haitianos, hondureños, nicaragüenses y venezolanos “respetuosos de la ley que residen en los Estados Unidos”.
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“Es importante destacar que el TPS no es una política general de inmigración, sino una medida temporal y humanitaria diseñada para personas que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura debido a conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias”, asegura García. “Esta designación no es un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía, sino que proporciona un alivio temporal hasta que las condiciones mejoren, permitiendo a estas personas regresar a casa de forma segura”.
No obstante, DHS sostiene que la decisión de eliminar el programa se hizo después de que Noem determinara que “las condiciones en Venezuela ya no respaldan la designación del 2023″, tras “evaluar las condiciones del país”. Es decir, que Venezuela no es el país hostil del que han huido en masa unos ocho millones de personas en la última década, sino un lugar seguro al que los migrantes pueden regresar.
García insiste en su comunicado en que el condado de Miami-Dade es “el hogar de muchos beneficiarios del TPS que están legalmente presentes” y son miembros que contribuyen con su “fuerza de trabajo a la comunidad”. “Insto al Gobierno federal a evaluar cuidadosamente las circunstancias en estos países antes de tomar cualquier decisión que pueda perturbar las vidas de aquellos bajo la protección del TPS”, dijo el comisionado, quien aseguró además que trabajará con colegas y líderes federales para asegurar que el TPS “permanezca en su lugar para aquellos que realmente lo necesitan hasta que puedan regresar con seguridad a sus países de origen”.
No es la primera vez que la Comisión del condado de Miami-Dade se expresa a favor del TPS. En 2017, el entonces alcalde Carlos Giménez firmó una resolución en la que también pedía a Trump la protección de los más de 70.000 venezolanos que permanecían con estos beneficios, que les garantiza un permiso de trabajo y los libra de exponerse a la deportación. Entonces, los políticos de Florida también aseguraron que Venezuela tenía un “caso sólido” para que Estados Unidos otorgara a sus nacionales dicho estatus.
Trump trató de acabar con el TPS desde su primer mandato, pero su propuesta fue rechazada en los tribunales. Nueve años después vuelve con la misma idea. La propia Noem dijo que otorgar estos beneficios a los venezolanos era “contrario al interés nacional” y el Gobierno republicano envió a Caracas un alto funcionario para traer de vuelta a seis estadounidenses presos en ese país y negociar la aceptación de Nicolás Maduro de vuelos con deportados.
En estos momentos, la incertidumbre no solo es el destino de 300.000 venezolanos beneficiados con el TPS en 2023, a este grupo podrían sumarse los más de 250.000 que recibieron la protección en 2021, por lo que serían casi 600.000 personas las que quedarían en un limbo migratorio.
La decisión de la administración Trump ha sido rechazada por organizaciones y grupos de activistas. Frankie Miranda, presidente y director general de la Federación Hispana, denunció la medida y aseguró que es el Congreso el que debe legislar una solución “que respete la humanidad de las personas afectadas”. “Los fundadores de los Estados Unidos estaban comprometidos con el principio de que este sería un país que ofrecería santuario a los necesitados, y si esperamos proteger ese principio, entonces proteger el TPS es esencial”, sostuvo.
