La Justicia de Bolivia sentenció a tres exministros que formaron parte del Gobierno de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020) a cinco años y cuatros meses de prisión por gestionar de forma irregular ante Ecuador la dotación de equipos antidisturbios en la crisis política de 2019, informó este viernes el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.
«Se informa a la población boliviana que fueron sentenciados por los delitos de incumplimiento de deberes, daños y perjuicios y otros en el caso ‘Gases’», publicó Del Castillo en sus redes sociales.
Los sentenciados son el exministro de Gobierno Arturo Murillo, que cumple condena en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno; el exministro de Defensa Luis Fernando López, refugiado en Paraguay, y la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga, de quien se conoce que pidió refugio en Perú.
El exmilitar y asistente de López, Héctor Pérez, también fue condenado por la justicia a tres años y cuatro meses de cárcel, informó el ministro de Gobierno.
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«Cumplimos con el pueblo boliviano por los lamentables hechos ocurridos el año 2019», publicó Del Castillo.
Además, los sentenciados deberán pagar costas, daños y perjuicios en favor del Estado boliviano.
En su veredicto, el tribunal absolvió de pena y culpa a Rodolfo Antonio Montero y otros imputados, respecto a los delitos de tráfico ilícito de armas y otros.
La Justicia boliviana indaga la compra de material antidisturbios con presunto sobreprecio en el mandato de Áñez, en el que se involucró en primera instancia a los exministros Murillo y López, después estableció que Lizárraga estaba implicada en el caso.
El Gobierno de Luis Arce explicó que en el Gobierno de Áñez se pagaron 5,6 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos en 2019, pero que a la empresa se le cancelaron solo 3,3 millones de dólares para su adquisición, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
El ministro de Gobierno había adelantado que se investigaría también si Ecuador habría dado «municiones de guerra» al Gobierno de Áñez, algo que hasta la fecha no se ha podido establecer.
Según los datos que brindó la Fiscalía a los medios locales, al menos 5.000 unidades de granadas de mano ingresaron a Bolivia, pero además 2.389 proyectiles de largo alcance, 560 proyectiles de corto alcance y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
La Fiscalía también investiga desde 2021 a un excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) por la presunta «adquisición» desde Argentina de «material antidisturbio y agentes químicos» que ingresó al país en 2019.
La crisis política y social de 2019 se desató luego de las observaciones a los resultados de las anuladas elecciones de ese año en las que Evo Morales (2009-2016) buscaba un cuarto mandato presidencial consecutivo; sin embargo el entonces mandatario renunció denunciando ser víctima de un supuesto «golpe de Estado».
Para el oficialismo, Áñez vulneró los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados para ponerse en sucesión constitucional y asumir la Presidencia tras la renuncia de Morales y de todos los que por ley estaban habilitados para liderar el Ejecutivo.
La defensa de Áñez argumenta que ella accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado a causa del “vacío de poder” tras la renuncia de Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.
