El gobierno de Estados Unidos creará un registro en el que todos los extranjeros en situación irregular en el país deberán inscribirse si no quiere enfrentarmultas de hasta cinco mil dólares o penas de hasta seis meses de cárcel, según anunció la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem.
Noem dijo este martes que quienes no cumplan con el requerimiento de registrarse «serán perseguidos y deportados».
La medida afectará a todos los mayores de 14 años que no hayan reportado su presencia al gobierno federal anteriormente. El Departamento de Seguridad Interior anunció la próxima puesta en servicio de una página web para que los indocumentados se registren, reseña BBC Mundo.
La medida fue recibida como un paso más en la ofensiva contra la inmigración del gobierno de Donald Trump, que ha prometido llevar a cabo una deportación masiva de indocumentados.
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No inscribirse en el registro será considerado un delito, según anunció el Departamento de Seguridad Interior, lo que implica una criminalización de la inmigración irregular, ya que hasta ahora entrar o permanecer clandestinamente en Estados Unidos era considerado una infracción administrativa y no penal.
Debemos saber quién está en nuestro país, por la seguridad de nuestra tierra y de todos los estadounidenses», dijo Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Interior, en un comunicado.
Dudas sobre la legalidad de la medida
Organizaciones de defensa de los inmigrantes y de los derechos civiles pusieron en duda la legalidad de la medida y que los extranjeros sin papeles vayan a prestarse a prestar sus datos a un gobierno que se ha fijado expulsarlos del país como su principal objetivo.
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración, un grupo de defensa de los migrantes, advirtió en su página web que «todo intento del gobierno de Trump de crear un proceso de registro para no ciudadanos» tendrá como finalidad y será utilizado para «identificar objetivos para su detención y deportación».
La nueva medida se basa en la ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, una norma de la época de la Guerra Fría cuya aplicación se abandonó a partir de la década de 1960 y que en el pasado sirvió para detener y expulsar a extranjeros.
La norma establece que los inmigrantes deben aportar sus datos personales, dirección, y huellas digitales en un plazo no superior a 30 días desde su llegada a Estados Unidos, pero las autoridades llevan décadas sin hacerla cumplir.
La decisión del gobierno de Trump de reactivarla se suma al endurecimiento de la política migratoria que ha impulsado desde que regresó a la Casa Blanca, que ha incluido la anulación de los viajes a Estados Unidos de los refugiados afganos a los que se había reconocido el asilo, el envío de migrantes indocumentados al centro de reclusión de la base naval de Guantánamo, en Cuba, y la anulación de la extensión de los programas de protección temporal bajo la que miles de venezolanos, haitianos y ciudadanos de otras nacionalidades permanecían legalmente en el país.
