El gobierno de Javier Milei concretó este lunes la denuncia penal contra la jueza porteña Karina Andrade, quien el jueves pasado liberó a más de 100 detenidos por los incidentes que se desataron en la marcha de los jubilados y barras de fútbol.
La presentación fue realizada por Fernando Oscar Soto, en representación del Ministerio de Seguridad Nacional que dirige Patricia Bullrich. En la denuncia, el Ejecutivo acusa a la magistrada de presunto prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
«No fue un error, fue complicidad«, dijo en X Bullrich al adjuntar el texto de la denuncia.
La acción contra Andrade se conoce después de que el Gobierno solicitara su apartamiento del caso y de la denuncia presentada el viernes por el Ministerio de Seguridad contra “grupos organizados de barrabravas” de más de 20 clubes de fútbol, por los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada.
Artículos Relacionados
Andrade está a cargo del Juzgado N° 15 del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. En su polémico y tan discutido fallo, la jueza argumentó que las 114 detenciones vulneraban derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión.
Según la jueza, la falta de información precisa sobre las detenciones dificultó la tarea judicial. En su resolución, señaló que no se brindaron detalles sobre la hora y el lugar de las detenciones ni sobre los delitos específicos que se les imputaban a los manifestantes.
Además, remarcó que ninguna de las personas apresadas había sido acusada de portar armas de fuego, causar lesiones o incendiar bienes públicos. También destacó que la protesta estaba vinculada a la defensa de los derechos de los adultos mayores, a quienes consideró uno de los sectores más vulnerables del país.
El principal reproche hacia la jueza es que emitió un fallo en el que dejó en libertad a los detenidos “en menos de ocho horas”, “sin haber revisado las pruebas ni verificado si existían antecedentes penales”. En su defensa, Andrade argumentó que su decisión se basó en la falta de información por parte de las autoridades sobre los motivos de las detenciones y el derecho constitucional a manifestarse.
“Algo que no puse en la resolución, porque la escribí a las dos de la mañana, a las cuatro de la mañana la firmé, más allá de que lo decidí a las 12 de la noche, que los jueces de la Ciudad lo sabemos muy bien, tiene que ver con el problema de alojamiento de personas detenidas. ¿Dónde iban a quedar alojadas esas personas?», declaró luego la jueza en los medios.
