La vicepresidenta del MAS, María Verdeal advirtió que las medidas anunciadas por el Gobierno sobre el racionamiento eléctrico y la reducción de la jornada laboral en la administración pública, afectará seriamente el desenvolvimiento y atención en todas sus instancias extendiéndose a gobernaciones y alcaldías.
En rueda de prensa, dijo que un recorte de actividades laborales por 6 semanas podría entorpecer el cronograma comicial debido a los límites que tienen las fechas allí establecidas para cumplir con las debidas fases de preparación y organización del proceso electoral.
«Como ente público, el Consejo Nacional Electoral está sujeto a tales medidas. ¿Se prorrogarán nuevamente las elecciones de diputados a la AN, de gobernadores y consejos legislativos pautadas para el 25 de mayo?”
En relación con el estatus legal del partido naranja, la dirigente política indicó que acudieron nuevamente al CNE para obtener respuesta.
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“Nuestra organización cumple con todos los extremos formales que exige tanto la ley electoral como nuestra normativa interna, por lo que no debería existir ningún problema para que nuestra tarjeta esté habilitada el 25 de mayo y podamos participar en este proceso».
Reiteró que el MAS nunca ha dejado de ejercer el voto como instrumento de lucha, el cual está en el ADN de la organización política. El cronograma electoral avanza y se mantiene la incertidumbre.
Sobre los migrantes venezolanos
Verdeal habló de la orden ejecutiva de Donald Trump de eliminar figuras legales como el TPS y el parole humanitario, expresó su solidaridad con los migrantes venezolanos afectados, quienes pasan a engrosar las deportaciones masivas que ejecuta el gobierno de los Estados Unidos.
Lamentó que se estén violentando los derechos humanos y humanitarios de más de 238 venezolanos trasladados al CECOT, la cárcel de máxima seguridad de El Salvador y que sean calificados como terroristas o pertenecientes al tren de Aragua.
«Hemos visto los ruegos y súplicas de madres, padres y esposas que abogan por sus familiares, puesto que no tienen antecedentes penales o conducta delictiva probada».
No obstante, aclaró que la situación política, económica y social del país es responsable de la migración de más de 8 millones de venezolanos, en búsqueda de una mejor calidad de vida.
“Este episodio debe unirnos a todos los venezolanos, sin que exista algún reproche. Nadie debe manipular un tema tan vulnerable y delicado”.
La abogada le solicitó al gobierno nacional el mismo respeto que le exige a Estados Unidos sobre los derechos humanos, de manera tal que los presos políticos venezolanos tengan acceso a la defensa, al debido proceso y que puedan tener contacto con sus respectivas familias.
«Condenamos la persecución y criminalización solo por tener la ciudadanía venezolana. Pedimos un rápido entendimiento entre ambos países para detener el trato cruel e inhumano que reciben nuestros connacionales».
