La perspectiva inmediata del endurecimiento de las sanciones estadounidenses ya repercute en el mercado cambiario de Venezuela y amenaza a la castigada economía del país sudamericano. El llamado dólar paralelo -usado fuera de los circuitos formales para adquirir determinado tipo de bienes importados- ha trepado hasta los 100 bolívares, perdiendo 30% de su valor en cuestión de días.
La tasa oficial se ubica en los 68 bolívares y el diferencial entre ambas se ha ensanchado. Es la depreciación más pronunciada del bolívar en cuatro años.
De un día para otro, entre los operadores comerciales y en la calle, el comentario es frecuente: hay pocos dólares, cuesta conseguirlos. La multinacional Chevron, responsable de un cuarto de la producción petrolera local, tiene ya anunciada su salida del país. El cobro de aranceles del 25% para aquellas naciones que compren petróleo venezolano, anunciado por la Administración de Donald Trump, ha tenido un importante impacto psicológico en el tejido económico.
Artículos Relacionados
La corporación india Reliance, una de las que ha mantenido relaciones comerciales con Caracas en estos años, ha anunciado que dejará de comprar petróleo venezolano luego del anuncio de Washington. La circunstancia tiene ya sus consecuencias en el crecimiento de los precios. Los salarios, especialmente los del universo profesional que contrata con el Estado, se han dinamitado. La baja en el consumo es palpable.
El problema cambiario planteado en este momento no es nuevo: las nuevas sanciones, otra vez, lo que han hecho es agravarlo. Desde finales de 2024, la moneda nacional ha comenzado a deslizarse continuamente. El diferencial entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se ha duplicado en un mes.
El impacto de las sanciones internacionales, y su uso como una estrategia política para debilitar al régimen chavista, es materia de un acalorado debate en la sociedad civil venezolana. Cada vez queda más claro que las duras decisiones de Trump con Venezuela no tienen correspondencia simétrica con las demandas opositoras, y, eventualmente, también podrían perjudicar a la oposición.
Los sectores más intransigentes, mayoritarios en el campo antichavista y encabezados por María Corina Machado, están convencidos de que todas las decisiones para acorralar a Maduro suman, que la crisis económica y humanitaria del país existe desde hace años. Según esta tesis, la única forma de arreglar la economía venezolana es la salida de Maduro, que no pudo demostrar su victoria en las elecciones del pasado 28 de julio. Esta posición tiene mucha popularidad en la diáspora.
Otros dirigentes, especialmente políticos que siguen en Venezuela, como Henrique Capriles, fustigan con dureza las sanciones internacionales y responsabilizan a la actual cúpula de la oposición de su insensibilidad ante el agravamiento de las condiciones de vida de las personas que siguen en el país. “Hay un aumento de expectativas negativas con Venezuela de parte de todos los agentes económicos ante la posibilidad cierta de que haya un descenso importantísimo de su flujo de caja estos meses”, afirma Luis Oliveros, académico de la Universidad Metropolitana de Caracas, cuando interpreta el efecto telúrico de estos días. “El miedo a tener bolívares aumenta y hay nerviosismo”.
Mientras esto sucede, los mandos dirigentes de la revolución bolivariana, probablemente acostumbrados ya a este tipo de embates, se enfrentan a la contingencia dentro de su particular universo de consignas. Hace poco se organizó una concentración en el centro de Caracas bajo el lema “en defensa de nuestros migrantes”. La televisora estatal transmite ceremonias para dar la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a ciudadanos deportados, hablando de los derechos humanos y la defensa del Estado de derecho. En la televisión procuran dar una imagen de serenidad, afirmando tener completamente controlada la situación y previsto qué hacer ante esta nueva embestida imperial.
La Cancillería venezolana emitió un comunicado calificando la medida de Trump como “ilegal y desesperada”, argumentando que, ni su Administración ni “el fascismo venezolano” han podido escamotear la marcha de la revolución. “Nunca nos van a poder derrotar, el pueblo venezolano está preparado para resistir este ataque”.
El chavismo deberá enfrentar el malestar social de la población ejerciendo la represión selectiva. Tendrá que apoyarse en los controvertidos extremos de la Ley Antibloqueo, aprobada por el PSUV en la Asamblea Nacional, y abrirse paso con ventas de crudo en alta mar, ejecutados en rutas alternas con intermediarios desconocidos y con importantes descuentos.
La directiva de Petróleos de Venezuela, la petrolera estatal, ha declarado que asumirán la totalidad de las operaciones de los campos que estaba explotando Chevron, algo que muchos conocedores del negocio petrolero local ponen en duda. “El Gobierno tiene algunas herramientas para enfrentar esto, el que no lo quiera ver no ha entendido el problema”, afirma Oliveros. “Ellos están sancionados desde 2017, han tenido que aprender eso por las malas y algo podrán hacer para contrarrestar los efectos de las sanciones. Pero, finalmente, esas sanciones están diseñadas para generar problemas económicos y el país tendrá muchos problemas en esa realidad. En un escenario como el que se aproxima, será casi imposible evitar una tasa inflacionaria de tres dígitos en 2025.”
