El régimen de Nicolás Maduro rechazó este viernes lo que considera una «ridícula maniobra» de Chile de entregar a la Corte Penal Internacional (CPI) información sobre el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en ese país, lo que Caracas considera un «caso aislado» que ha sido «alimentado de patrañas».
A través de un comunicado, el chavismo expresó su categórico rechazo a la «absurda farsa» que el Gobierno chileno, al que llamó «decadente», pretende «montar» en el Tribunal de La Haya y que, dijo, está «basada en mentiras y falsedades que solo existen en la imaginación de quienes han decidido hacer de la política exterior un espectáculo de mala calidad».
«La CPI no es un tribunal que ventila las fábulas fantasiosas de imberbes politiqueros ni un escenario para montajes mediáticos», dice el pronunciamiento, compartido por el titular de Exteriores, Yván Gil.
Esa acción, según el régimen, «no solo carece de fundamentos jurídicos, sino que se sostiene en un odio vicioso contra Venezuela, evidenciando la desesperación por complacer agendas que les ordenan desde los EE.UU. que buscan erosionar la soberanía de los Estados».
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«Chile, en lugar de prestarse para maniobras vergonzosas, debería enfocarse en sus propios y graves problemas internos, incluyendo la sistemática violación de los derechos humanos del pueblo mapuche y la represión de la protesta social», agregó.
Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, y el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, se reúnen en La Haya con autoridades de la CPI para entregar información sobre el crimen y sus sospechas de que tuvo una motivación política.
Según Valencia, citado en una nota oficial, esos antecedentes «más que contundentes» van a «compartirlos con las autoridades de la CPI para que puedan sumarlos en la investigación que ya están llevando a cabo por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela».
Ojeda, disidente del chavismo y asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en la capital chilena por un grupo de hombres vestidos como agentes policiales chilenos. Sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la ciudad y sepultados bajo un bloque de concreto.
Hasta ahora, se han identificado, al menos, 16 personas como participantes del asesinato, siete de las cuales se encuentran detenidas en Chile. Otros dos sospechosos están en Colombia y dos más en Estados Unidos, todos ellos en proceso de extradición al país austral.
Los cinco presuntos implicados restantes aún no han sido localizados, pero existe una alerta roja internacional vigente en su contra, informó la cancillería chilena.
El Ministerio Público chileno sospecha del chavismo y a finales del pasado enero desveló que un testigo señaló a Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano y mano derecha de Nicolás Maduro, como la persona que encargó y pagó el crimen.
Con información de EFE
